El contrabando es un flagelo que, según la Cámara Nacional de Industria, se ha triplicado en los últimos diez años y que en la actualidad mueve tres millones de dólares al año siendo esta una condición que perjudica no solo al empresariado, sino que también pone en riesgo la salud de los consumidores ante la falta de certeza de la calidad de los productos que llegan a los mercados y que son ofertados a la ciudadanía.

Karina Serrudo, presidenta de la Aduana Nacional señaló que no solo el Estado tiene la competencia de lucha contra el contrabando, sino que también la CPE otorga a los municipios esta facultad del control en el mercado interno.

"Muchas veces vamos a los mercados y vemos que ya han llegado estos productos, los municipios con los recursos que tienen también deben presentar políticas contra el contrabando, es importante que asuman todos los gobiernos municipales y también los centros donde llega el contrabando", dijo en entrevista con Unitel.

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Dentro de las acciones que se asumen, indicó que se tiene un trabajo de coordinación además de  convenios con el viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, Senasag, la Policía, FFAA, Ministerio Público lo que ha posibilitado que "disminuya en gran cantidad" la posible llegada de esta mercancía ilegal a centros urbanos. 

Producto de estas acciones se tienen iniciado 87 procesos penales, cinco de los cuales ya tienen sentencia, además que se han hecho 149 allanamientos exitosos.

"Como Aduana hemos simplificado los procesos de importación, hemos abierto la puerta par que a gente no ingrese por la ventana, a la fecha tenemos, solo de importaciones, más de 11.600 millones de bolivianos recaudados", resaltó Serrudo que estima hasta fin de año llegar a los 13.000 millones de bolivianos.


Propuesta de la CAO

La Cámara Agropecuaria del Oriente ha hecho un planteamiento a la Asamblea Legislativa para modificar la Ley de Lucha Contra el Contrabando en el que se especifica aplicar un mayor rango de interdicción para instituciones estatales como la Aduana y el Senasag lo que permitiría tener mayores controles en los mercados del país

El otro punto es que se baje a 3.000 dólares el monto para que sea considerado un ilícito; actualmente, la CAO informó que la cifra es de 70.000 dólares.

Denuncia de productores de vino

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas, Fernando Galarza, denunció que a consecuencia del contrabando y la internación de vinos de manera ilegal al país se está perjudicando considerablemente al sector productor de uvas quienes abastecen a las empresas productoras de vino en Bolivia.

“A consecuencia de los pasos fronterizos que compartimos con la república de Argentina los productos de contrabando ingresan indiscriminadamente sin ningún tipo de control y sanción, nosotros estamos alarmados y que va ocasionar pérdidas de empleo ya que nuestro sector genera más de cinco mil fuentes de trabajo de forma directa y más de tres mil familias se beneficia del cultivo de la uva”, dijo Galarza.

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