La muerte de Yamil Rosales puso en primer plano la venta de vehículos indocumentados, un negocio irregular que causa pérdidas cuantiosas en la economía nacional pues, según el cálculo presentado por Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, circulan al menos 50.000 motorizados ilegal en el país.

La base de esta deducción es que en el proceso de legalización que concluyó en 2011 se inscribieron 100.000 rodados de los que cerca de 30.000 no lograron concluir este trámite por lo que, de acuerdo al tiempo transcurrido, se tiene un promedio como el que fue expuesto por Rodríguez.

"O sentamos presencia del Estado en todo el territorito o nos rendimos ante estas fuerzas que están al margen de la ley y que tienen que ver, no solo con el contrabando, sino también con el narcotráfico", anticipó a tiempo de enfatizar que hay diversos actores que tienen la responsabilidad de poner freo a esta situación delincuencial como son el Ejército, la Policía, Impuestos internos y la Aduana.

"Si se decidiera ir a fondo en este tema se podría hacer una labor de requisa y poner las cosas en orden", apuntó.

Por su parte, desde la Comandancia Departamental de Diprove, se especificó que un vehículo es considerado legal tiene que tener RUAT, póliza de importación y certificado de registro, pues si no cuenta con estos documentos  tiene que ser remitido a la Aduana. 


"En operativos se han encontrado vehículos indocumentados en Santa Cruz, tienen que haber ingresado esto por la Aduana, porque los vehículos no son fabricados en Bolivia", se dijo desde Diprove.

Por su parte Ismael Téllez, viceministro de Régimen Interior, ratificó el compromiso que existe de las autoridades para luchar contra este negocio ilegal y que a través de la Policía caminera y el Ejército los controles en las fronteras serán exhaustivos.


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