El Gobierno abrogó siete decretos supremos firmados durante la administración de Jeanine Áñez, entre ellos el que liberaba las exportaciones de alimentos. El Ministerio de Economía asegura que el objetivo no es otro que garantizar la seguridad alimentaria del país.

Desde el sector productivo hay rechazo a la medida. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) lamenta la determinación gubernamental y aseguran que no hubo consenso con el sector para ver alternativas a las medidas.

Los productores niegan que se haya dejado de proveer al mercado interno, uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno. 

“Si ponen cupos a la exportación no se van a poder hacer contratos a largo plazo”, advierte el representante de Anapo, Luis Asturizaga.

Parlamentarios de Creemos sugieren la creación de un Comité de Defensa del Desarrollo. José Carlos Gutiérrez, que es además presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña señala que se está buscando “extorsionar” a los productores y presionar de esta manera políticamente a la región.

“No podemos castigar a los que trabajan”, agregó Gutiérrez.

El diputado del Movimiento Al Socialismo, Ángelo Céspedes, indica que la decisión de limitar las exportaciones va en beneficio del mercado interno. “Que la población cruceña sepa que grandes países y potencias mundiales lo primero que hacen antes de exportar es llenar el mercado nacional”, señaló.

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