Antonio Rocha, presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana (CNDA), observa una permisividad en los controles contra el contrabando en las fronteras, principalmente en las regiones que limitan a Bolivia con Argentina y Brasil.

Señala que el Gobierno ha aducido un problema social debido a la gran cantidad de bagalleros que están asociados en dos agrupaciones en la zona fronteriza, una situación que se origina por la falta de empleo y de inversión por lo que “esa gente que no tiene otra forma de sustentarse” dedicándose a esta actividad ilícita.

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“Atacarla con el Gobierno de forma directa generaría un problema social que ya lo hemos visto, en varias ocasiones en donde los bagalleros han paralizado la frontera (…) el temor del Gobierno es que se tenga un conflicto social más que resolver, debido a la intervención que pueda darse a este contrabando hormiga”, advirtió.

"Cadena de complicidad"

Rocha apunta que existe una "cadena de complicidad" que no solo incluye a los contrabandistas, sino también a transportistas y "lamentablemente" a autoridades.

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"Si ese transporte está trayendo contrabando debería ser intervenido porque no solo comete el ilícito la persona que contrabandea, sino también la empresa que lo hace posible. Por lo tanto, las flotas tienen la obligación de controlar la mercancía que llevan", señaló.

"Hay un agravante que cuando llega esa mercancía, tampoco hay ese control lo que hace que llegue a los mercados de consumo en donde tampoco hay control. El sector formal debe competir con una cadena de complicidad que permite que el contrabando siga fluyendo en el país y que sea algo imposible de controlar", apuntó.

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