Productores cruceños se han declarado en emergencia ante avasallamientos de predios que aseguran amenazan la seguridad jurídica y alimentaria en el departamento. Citaron como últimos antecedentes lo ocurrido en Núcleo 53, del municipio de San Julián, y en Guarayos en donde supuestas 'toma tierras' utilizaron armas de fuego para contrarrestar a propietarios de terrenos y a la Policía.

"Independientemente de que esté dentro del proceso de saneamiento, que el INRA debe garantizar en el sentido o de que son ellos los que tienen que emitir la orden para que la Policía actúe, tenemos la claridad que se está avanzando en ello, pero los procesos son lentos, ese es el problema", dijo Oscar Justiniano, presidente de la CAO, sobre lo que considera falencias que deben ser resueltas.


Desde la CAO se condena los niveles de violencia que se han dado en las últimas semanas y que han derivado en personas heridas con armas de fuego y machetes; el caso más grave conocido fue el de Juan Montaño, un agricultor de 51 años que tuvo que ser ingresado a terapia intensiva tras recibir el disparo de una escopeta.

Titulación

Eulogio Núñez, director nacional del INRA, señaló que se han sostenido reuniones con productores pequeños, medianos y grandes y que en el caso de Santa Cruz, "nos falta un 10% de regularizar derechos, un 90% de las propiedades rurales tienen título y seguridad jurídica y que ya no es competencia del INRA, si se presenta alguna dificultad".

"Las controversias agrarias que aún continúan se debe resolver con diálogo", apuntó en entrevista con La Revista de Unitel.

Sobre lo ocurrido en Núcleo 53 y en Guarayos, Núñez confirmó que estos son predios titulados y que cuando están en esta condición "ya no es competencia del INRA sino que los propietarios tiene que hacer respetar sus derechos en el marco de la justicia agroambiental o la justicia ordinaria".



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