Este jueves se reunirán representantes de los comités cívicos de la Chiquitana que denuncian asentamientos ilegales en esta región que, según su dirigencia, alcanzan los 2.000 en los distintos municipios. 

José Ernesto Serrate, presidente del Comité Cívico Provincial, apuntó que solo en Concepción se tiene 350 nuevas comunidades, en San Ignacio 350 y San José 500 lo que vulnera la norma que establece que dice que "la tierra es para los del lugar" y no para ser otorgada a personas que llegan del interior del país.

Según Serrate, es el INRA la institución que les da la titularidad a los nuevos asentamientos y que estos no son aprobadas por la Comisión Agraria departamental ni por los Gobiernos municipales que "se enteran un año después", cuando se les hace solicitud de servicios básicos. 

"Nos siguen tumbando y talando nuestros montes", señaló el líder cívico que participará del encuentro que se realizará en San José de Chiquitos.


Al respecto, Edwin Córdoba, supervisor de control de calidad jurídica del INRA, las aseveraciones son falsas pues "si bien, de un tiempo a esta parte el INRA realiza algunos procesos de dotación o asentamientos humanos", estos se han hecho de manera coordinada con instituciones públicas, en este caso gobiernos municipales, que han estado apoyando este trabajo.

No funciona la comisión

Córdoba considera que en el tema de la Comisión Agraria Departamental "esta nunca ha funcionado", pues "lamentablemente por temas políticos que han querido manchar siempre el trabajo de la institución".


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