Oscar Mario Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), informó que se han hecho planteamientos a la Asamblea Legislativa para modificar la Ley de Lucha Contra el Contrabando en el que se plantea un mayor rango de interdicción para instituciones estatales como la Aduana y el Senasag.

Con esto se podrá actuar no solo en fronteras y carreteras, sino que dará paso para que funcionarios ingresen a todos los mercados del país porque, según indica, hay una particularidad con el contrabando que se da en el país pues en los centros de abastecimiento se puede ver la exposición, la compra y venta de mercancía que ha ingresado de forma ilegal siendo comercializada de manera libre; "en otras palabras, se legaliza el contrabando una vez llega a nuestros mercados".

El otro tema que puntualiza Justiniano es el monto que se tiene en la norma para que se considere como delito. "No puede ser que Bolivia tenga que estar cerca de las 200.000 UFV para considerarse un ilícito el contrabando, significa que estamos siendo altamente permisivos".



En el planteamiento que se hizo desde la CAO se pide bajar a las 10.000 UFV, "que eso significa cerca de 3.000 dólares, pues ahora el equivalente son 70.000 dólares. Según dijo, en países vecinos como Argentina (1.000 dólares) y Paraguay (500 dólares) se tienen montos menores para considerarse un delito.

"No es solo una afectación a los empresarios, es una afectación al país y a la salud de los vecinos pues estos productos no están garantizados ni su inocuidad, su producción", además que no se tiene la certeza de que su fecha de caducidad haya sido alterada.

"Hemos tenido una respuesta del Ministerio de Economía (a nuestra propuesta), esperamos que esto sea considerado, para nosotros es uno de los eslabones que falta para hacer efectiva la lucha contra el contrabando, no significa que sea la solución absoluta pero será una posibilidad de que unidades estatales y municipales puedan actuar sin estar dependiendo unas de otras", apuntó.

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