El contrabando de alimentos a Bolivia golpea con fuerza a los productores agrícolas del país que proponen al Gobierno aplicar siete medidas para resguardar la producción nacional.  Una de ellas consiste en el decomiso de productos en los mercados e incluso aplicar una multa equivalente a más de 10.000 bolivianos.

“Hemos generado una propuesta nacional, después de varios meses de ver el ingreso masivo de contrabando y escuchar el grito desesperado de miles de productores”, señaló Oscar Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente.

Entre las propuestas incluyen el control a mercados y centro de expendido de consumos masivos. Además, una multa de 5.000 UFV que de acuerdo al cambio de este martes equivale a 11.839 bolivianos.

Otra de las propuestas incluye la incautación de los bienes utilizados para almacenar y transportar productos de contrabando.

Justiniano señaló que los más afectados por el contrabando son los pequeños productores que se ven obligados a cerrar sus unidades productivas y de esta manera quedan sin sustento para sus hogares.  

“Nuestro sector genera 1.6 millones de fuentes de empleo directas, gran parte está desapareciendo por el contrabando", señaló Justiniano.

ESTAS SON LAS SIETE MEDIDAS QUE PROPONE LA CAO

1. Ampliar las facultades de interdicción contra el contrabando, adecuando la normativa para que el Senasag y la Aduana puedan ingresar en cualquier momento a los mercados y centros de expendio de productos en las zonas urbanas. Estas acciones deben ser de forma independiente y con apoyo de la fuerza pública.

2. Se debe modificar la cuantía sancionadora de tributos omitidos para calificación del ilícito y establecer como delito de contrabando a partir de un monto de 5.000 UFV.

 3. Los gobiernos municipales y departamentales deben realizar controles estrictos y permanentes en lugares de expendio para que no se comercialicen productos de contrabando que ponen en riesgo la salud de la población y el delito debe ser tratado como atentado a la salud pública. Estas acciones, deben incluir facultades de incautar bienes utilizados por almacenar y transportar productos de contrabando.

4. La Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) debe verificar de forma permanente para evitar que los consumidores sean engañados con productos de dudosa procedencia.

5. Los regímenes aduaneros fronterizos deberían ser controlados en base a un registro de vivientes de la zona y reglamentados para que estos cumplen con su objetivo de sobrevivencia personal.

6. El despacho de mínima cuantía debe normarse conforme a la reglamentación de un régimen general de importación de mercancías de consumo.

7. Proponemos realizar acciones con organizaciones de productores para ejecutar actividades conjuntas en el control del contrabando en las principales rutas de acceso.


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