"Esta norma no debería ser anulada ni mal informada, nos va a servir como un instrumento muy importante para conservar esa calidad de país confiable ante el mundo", dijo Ana María Morales, directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), ante el pedido de diferentes sectores de eliminar el proyecto de ley Contra las Ganancias Ilícitas.

Gremialistas, cooperativistas mineros y el transporte lanzaron un ultimátum y han advertido con un incremento en las medidas de presión en el caso de que no se proceda con la anulación de esta norma que aseguran no obedece a la Constitución Política del Estado y atenta contra los derechos de las personas.

"Los rechazos son infundados", dijo Morales y que "hay una serie de mitos que se han dado en torno a la ley" que considera está diseñada para investigar delitos financieros y no para perseguir a la población. "Se ha tergiversado el objetivo de la ley", apuntó.

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Actualmente el tratamiento de la norma está en pausa en la Cámara de Senadores, mientras se realiza un proceso de socialización por parte del Gobierno con diversos sectores que se han manifestado en contra del avance de la normativa.

Para el abogado constitucionalista, Williams Bascopé, los cooperativistas mineros, gremiales y choferes tienen temor de que la ley sea usada para extorsionarlos.

Señaló que muchas personas que son parte de estos sectores realizan transacciones de importantes montos de dinero pero no utilizan entidades financieras y cuentan con cajas fuertes donde resguardan sus recursos.


Investigación

Morales citó el artículo 333 de la CPE al señalar que está normado que en el caso de que existan delitos financieros o la investigación de fortunas no es necesario ningún tipo de autorización judicial debiendo las autoridades competentes realizar las investigaciones conforme corresponden.

"La UIF no tiene la facultad de hacer procesamientos en el ámbito judicial, lo que hacemos es un análisis financiero patrimonial en el ámbito administrativo para que esos reportes se pasen a las autoridades competentes. "Nadie puede realizar un allanamiento, pesquisas si no las autoridades establecidas por ley", remarcó.

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