La abrogación de los decretos que permitían el uso de la biotecnología y las restricciones a la exportación de carne bovina son cuestionadas por economistas que consideran ha habido un retroceso para la producción agropecuaria y la agricultura del país en general y, en particular, para la industria cárnica.

Fernando Vargas, presidente del Colegio cruceño, apuntó que el sector agropecuario aporta aproximadamente con un 12% al Producto Interno Bruto (PIB), y genera cerca de 2 millones de empleos y que "su efecto multiplicador en la economía es muy significativo, por su vinculación directa con el transporte, el comercio, la agroindustria, el sistema financiero y otros proveedores de insumos y servicios".

El Colegio Nacional de Economistas de Bolivia y el Colegio de Economistas de Santa Cruz, recomiendan a las autoridades públicas y privadas, relacionadas con esta temática, un diálogo franco, abierto y transparente que permita la libre exportación de carne para continuar mejorando los estándares de calidad que benefician tanto al mercado interno como externo, impulsando de esta forma la reactivación económica del país; la generación de empleos y divisas

Valoró el hecho de que ya existe un trabajo en esa línea logrando que Bolivia pase de ser un país vetado para la exportación de carne "a conquistar con mucho trabajo la certificación de país libre de aftosa y finalmente logre la apertura a un mercado externo muy competitivo como es el chino".


En un comunicado conjunto, emitido con el Colegio Nacional de Economistas, Vargas expuso que la carne es un bien de primera necesidad, sin embargo, pese a los “temores de un incremento de precios por causa de la exportación” se ha podido comprobar que, por el contrario, es un producto que a lo largo del tiempo presenta más bien, un precio estable.

Se considera que el problema de establecer la obligatoriedad de un “certificado de abastecimiento” como condición previa para la exportación, es que en la valoración de la seriedad del proveedor que realizan los países demandantes, se les resta puntos a los proveedores internacionales por el riesgo que implica esta condición (perjudicando al exportador boliviano, en este caso) "esto, porque el proceso de negociación dependerá al fin, de una variable no controlada, ni por el oferente ni por el demandante, sino por la voluntad de una entidad estatal que puede o no extender el “certificado de abastecimiento interno a precio justo”, colocando en inferioridad de condiciones a nuestro país, frente a competidores como Brasil, Argentina, Paraguay, Estados Unidos, entre otros.

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