La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), a través de un comunicado institucional, demandó este viernes la suspensión del tratamiento del Proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, y la apertura de un espacio de diálogo entre los actores involucrados, “a fin de adecuar esta norma a la supremacía de la Constitución Política del Estado”.

La entidad que aglutina a las Cámaras, Asociaciones y Federaciones empresariales de todo el país, alertó sobre serias falencias e impactos de esta Ley para el desarrollo de la actividad productiva y la vida ciudadana, y consideró que la norma “contiene artículos que afectan derechos y garantías constitucionales y, debido a la ambigüedad e imprecisiones de su redacción, pone en indefensión a los ciudadanos, empresarios y emprendedores, que han obtenido sus bienes, invertido y creado riqueza, con honestidad, trabajo duro y apegados a la legalidad”.

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El pasado 17 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley y fue enviado a la Cámara de Senadores, que aún no ha agendado su tratamiento. 

Al respecto la CEPB considera que la adecuación normativa a acuerdos y tratados internacionales para combatir el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, “no puede justificar el menoscabo a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la privacidad, el secreto profesional, la libertad de prensa, la protección de datos personales y el derecho que tiene todo boliviano a dedicarse a una actividad lícita sin ser sometido a escrutinios arbitrarios, con el temor de ser acusado, procesado y perseguido por simple sospecha, encono personal o mala fe”.

A partir de la aprobación del Proyecto en la Cámara de Diputados, varios sectores como las asociaciones de prensa, gremiales, médicos, maestros, empresarios e iglesias han expresado públicamente su desacuerdo con algunos aspectos del su contenido.

Sobre este tema, los empresarios señalan en su comunicado que la posición crítica de organizaciones de la sociedad y de reconocidos juristas contra este proyecto de Ley, “evidencian la seriedad y gravedad de este tema e imponen al gobierno la necesidad de abrir espacios de diálogo” y reflexiona que “las normas que se construyen en base al consenso, derivado de un diálogo honesto y transparente, adquieren mayor legitimidad y redundan en beneficio de la ciudadanía.


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