El analista económico Gabriel Espinoza hizo un análisis sobre el proyecto de ley que crea el impuesto a las fortunas y considera que existen varios vacíos que complicarán su aplicación una vez que entre en vigencia.

Espinoza explica que en Bolivia se mide ingreso, pero no se mide patrimonio la base de datos que sirvió para hacer el cálculo de las personas a las que llegará el impuesto “se refiere a aquellos que tienen casas y vehículos registrados por más de 4.3 millones de dólares, pero hay otros activos que no conocemos: depósitos en cuentas de banco, galpones en los que hay insumos y materias primas”, explica.

En Bolivia no medidos patrimonio, lo que hace difícil la aplicación de la norma”, agrega Espinoza.

Un segundo elemento que cuestiona es que el proyecto de ley a diferencia de otros impuestos no determina explícitamente cuáles son los activos del patrimonio que se va a gravar “se dice que hay una lista enunciativa, pero no limitativa y esto va en contra de toda la normativa impositiva, el impuesto tiene que ser claro a la hora de determinar qué es lo que va entrar o no”, señaló.

Sobre lo positivo, Espinoza considera que a partir de la ley (siempre y cuando exista la protección de datos) se podrá determinar la diferencia patrimonial y construir políticas que permitan reducir las brechas. 

En lo negativo considera que este es un desincentivo a la inversión porque lo que debería priorizarse es otorgar facilidades a todos los emprendedores y empresarios en vez de trabas, ya que existe el riesgo de que se ingrese en la informalidad y se genere desempleo.

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