Según Yuri Miranda, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas, el nuevo censo de población y vivienda estaba previsto para realizar en 2022 y se comenzaron a dar los pasos para concretarlo desde 2018.

El estadístico, que dirigió el INE entre diciembre de 2019 y agosto de 2020, señala que él recibió un proyecto casi final de realización del censo para 2022 y que se continuó con ese trabajo durante el año pasado, dejando planificada la denominada ruta crítica del censo para que sea realizado en 2022. Explica que Humberto Arandia, actual director del INE, que el jueves aseguró que técnicamente no se puede realizar el censo antes de 2024, sabe del trabajo realizado durante el año pasado, ya que trabajó bajo su mando como Director del Censo y encuestas nacionales hasta el mes de julio del año pasado.

Según Arandia, nunca el INE anunció que el año 2022 se realizaría un censo, sin embargo, en 2019, cuando el entonces ministro de Planificación Carlos Díaz posesionó a Miranda, le encargó realizar las actividades necesarias para realizar la encuesta nacional en 2022.

Por otro lado, en junio del año pasado, Miranda explicaba que el INE ya contaba con un documento preliminar de diagnóstico y que el siguiente paso debía ser la actualización cartográfica. El exdirector explica que ese trabajo se lo puede realizar con imágenes satelitales y en cooperación con el Instituto Geográfico Militar.

Parte técnica

“No existe alguna razón técnica para postergar el censo hasta 2024”, asegura Miranda y añade que hay varios riesgos al demorar tanto la encuesta nacional. El primero de ello es la comparatibilidad de los datos. Mientras más tiempo pasa entre un censo y otro, menos comparables son los datos entre sí, por eso la Naciones Unidas aconsejan que no deben pasar más de 10 años entre censo y censo.

El segundo riesgo al que se expone el país al postergar el conteo poblacional hasta 2024 es que los resultados saldrían en 2025, un año electoral, lo que haría más complejo aplicar los resultados del censo.

Bolivia utiliza los censos para redistribuir escaños en el parlamento, asignación presupuestaria por redistribución de la recaudación de impuestos, y para la realización de un nuevo pacto fiscal que redistribuya la administración de recursos nacionales entre el nivel central del estado y los gobiernos autónomos (municipios, gobernaciones y universidades).

Miranda explicó que además de este uso administrativo de los datos del censo, el resultado de la encuesta es vital en la planificación, ya que “da el marco estadístico y los parámetros de población del país, lo cual permite realizar planes más exactos”.

También advirtió que las proyecciones de población de vuelven menos exactas mientras más tiempo pase entre censo y censo, ya que los parámetros de crecimiento se desactualizan. “Las proyecciones, mientras más se alejan del censo, ya no son creíbles”, dijo.

Planificación constante

Miranda añadió que ya se tenía previsto el uso de tecnología en el censo no solamente para la actualización cartográfica, que es un mapa muy específico de toda ciudad, pueblo y área dispersa del país, sino también en el recojo de la información, para evitar que el procesamiento de los datos demore tres años, como sucedió en con el censo de 2012.

Explicó además que la cartilla censal no puede variar demasiado con la del último censo. Primero porque modificarla mucho imposibilitaría comparar datos y, segundo, porque se miden parámetros poblacionales que son fijos.

En ese sentido, Miranda explicó que los censos se comienzan a planificar al día siguiente de publicar los datos de la anterior medición y que mucho de lo hecho en el censo de 2012 puede servir de base para la nueva encuesta nacional.


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