El laudo arbitral dictado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) obliga a Bolivia a indemnizar a BBVA con 105 millones de dólares (unos 104 millones de euros) por el "retraso injustificado" en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones.

Según han publicado los medios españoles Expansión y Crónica Vasca, en el laudo emitido por el Ciadi, no se cuestiona la decisión de nacionalizar las Administradoras de Fondos de Pensiones, sino la "implementación anárquica de la nacionalización y del proceso de traspaso del servicio a la gestora pública, que ha perjudicado las operaciones de BBVA Previsión y consumido sus recursos".

"El aplazamiento de forma continua e injustificada [...] ha violado y continúa violando el estándar de trato justo y equitativo y la prohibición de arbitrariedad", sostiene el banco en la documentación del laudo.

Este retraso, señala el documento, "ha perjudicado las operaciones de BBVA Previsión y consumido sus recursos". El banco vasco sostiene que ha sido sometida a un "hostigamiento" con el objetivo de "neutralizar el pago de la indemnización como consecuencia de la nacionalización".

La corte falla a favor del BBVA y hace notar que la compañía nunca discutió la decisión de Bolivia de nacionalizar el servicio, "sino la demora en su implementación".

Para el tribunal "es indiscutible el retraso injustificado", como muestra que el Gobierno se encargara "de postergar en cuatro ocasiones la entrada en operación de la gestora", y constata que el "gran obstáculo de la nacionalización es que Bolivia no cuenta con un proveedor de 'software' que le permita administrar los fondos de pensiones".

Bolivia debe indemnizar con 105 millones de dólares a BBVA por las pensiones by Paulo Cambará on Scribd


Bolivia decidió en 2009 nacionalizar el sector de las pensiones, en manos de administradoras privadas (una de ellas BBVA) desde 1997. El Gobierno de Bolivia se comprometió a que el periodo de transición para transferir las operaciones sería de dos años, pero esto no se cumplió, lo que a la larga llevó a la entidad española a recurrir al arbitraje.

El Gobierno boliviano emitió un comunicado en el que indican que a la fecha las entidades competentes del Estado, coordinan las acciones de defensa en la siguiente etapa del proceso en instancias internacionales al considerar que este fallo no tomó en cuenta nuestros argumentos y pruebas de manera idónea.

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