La Confederación de Gremiales de Bolivia ha planteado un plazo de 72 horas, que vence el miércoles, para que el Gobierno central abrogue la ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, en caso de que no ocurra, cumplirán con distintas medidas de presión desde el jueves.

Enrique Aro, representante de los 19 mercados del Plan 3.000, dijo que su sector apoya el pedido de anulación de la norma, pero no comparten el hecho de cumplir con un paro de actividades.

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"La ley nos preocupa, pero también lo hace el paralizar las actividades, un día de paro afecta a muchos comerciantes que viven del día a día (...) no sería conveniente parar", apuntó en entrevista con Unitel.

El sector cuestiona que en el artículo 7 de la mencionada norma señala "que el Ejecutivo puede hacer el reglamento interno bajo decreto supremo", por lo que "el presidente (Luis Arce) puede volver a meter en mesa lo que hemos rechazado", declaró Toño Siñani, secretario general Confederación Gremiales de Bolivia.

Al respecto, Aro afirmó que están en desacuerdo con la norma porque "daña al sector comerciante, pero tendría que ser una movilización sin suspensión de actividades laborales ni comerciales".

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