Desde este lunes se inicia el plazo de 72 horas que ha dado la dirigencia nacional gremial al Gobierno para que se abrogue la ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. En caso de no hacerlo, anticipan movilizaciones desde el jueves.

El sector cuestiona que en el artículo 7 de la mencionada norma señala "que el Ejecutivo puede hacer el reglamento interno bajo decreto supremo", por lo que "el presidente (Luis Arce) puede volver a meter en mesa lo que hemos rechazado", declaró Toño Siñani, secretario general Confederación Gremiales de Bolivia.

La mención del dirigente hace alusión al proyecto de ley 218 de 'antilegitimación' que el Gobierno anunció que será retirado del Congreso luego de que se dieran diversas protestas. La norma 1386 fue bautizada por los gremiales como 'ley madre' de la normativa cuestionada.

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"La preocupación es muy grande, pues hemos visto su proyecto que de la noche a la mañana querían meternos a todos los bolivianos. Tenemos instructiva de socializar con mineros, cocaleros y transportistas"; señaló Siñani que adelantó que este martes, a las 18:00, se tendrá una reunión en la sede del Magisterio en donde se reactivará un bloque multisectorial "en defensa de la economía boliviana".

Siñani también se refirió al respaldo brindado a las movilizaciones por parte de los cívicos, el Conade a quienes le pidió abstenerse de "hablar a nombre del pueblo" porque "nosotros somos los que estamos ahora en las calles y no queremos que el Gobierno nos diga que esto tiene tintes políticos".

"Les pido que ya no se metan, porque nos hacen quedar mal, porque esto no es político, esta lucha es del pueblo boliviano, es de los verdaderos gremiales por eso nos estamos alejando de cívicos, plataformas porque hoy en día quienes debemos luchar somos los verdaderos actores y es por ello que haremos una reunión ampliada (con otros sectores)", apuntó.

Artículo 7 de la ley 1386

"La Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, previa consideración y aprobación del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo".

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