Los gremiales están en estado de emergencia ante el tratamiento de la ley contra las ganancias ilícitas que ya fue aprobada en Diputados y que ahora será visto por la Cámara de Senadores. Consideran que la norma vulnera sus derechos y que abre la posibilidad de que sean investigados a simple denuncia.

"Rechazamos la ley 218 (...) la ley lo dice, ganancias ilícitas son aquellos que hacen movimiento sin aportar al Estado. Un albañil que hace su contrato no hace factura, entonces se le dice que es pasible a ser denunciado por ganancias ilícitas, dijo Toño Siñani, ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia.

Siñani señala que no solo los gremiales están preocupados y que han tenido contacto con representantes de otros sectores que han manifestado su intención de sumarse a las marchas y huelgas de hambre que iniciarán desde el 5 de octubre, como medida de presión para protestar en contra del tratamiento de esta norma.

"Hecha la ley, hecha la trampa, nos van a venir a allanar nuestros hogares porque no facturamos, nos van a decir ganancias ilícitas, eso nos preocupa, que los militares van a entrar a nuestros domicilios", apuntó el dirigente gremial que puso como ejemplo lo que sucede en Adepcoca "es como si el Gobierno fuera el dueño de esa casa y todos sabemos que es de los cocaleros".

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En la ciudad de El Alto, "el 85% somos cuenta propias", es decir, que generamos nuestros propios empleos por lo que la alerta es máxima entre quienes trabajan por su cuenta. "Si tenemos más de 15.000 bolivianos nos va a decir ganancias ilícitas. Impuestos Internos ahora ya está yendo a molestar a las tiendas de barrio", apuntó.

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