Los decretos supremos 4139 y 4181 fueron abrogados por el Gobierno con el argumento de que se ponía en riesgo la seguridad alimentaria y además favorecían a las grandes exportadoras e importadoras; ambas normas regían la libre exportación de productos.

Al respecto, los exministros de Economía Branko Marinkovic y Oscar Ortiz, por separado, calificaron la decisión como una equivocación pues lo único que se hace es afectar el empleo y a los productores del país.

"Nuevamente se somete todo a la voluntad del centralismo, las exportaciones son fundamentales", dijo Marinkovic que considera contraproducente lo asumido por la administración de Luis Arce pues se está "tratando de opacar y frenar el desarrollo de Santa Cruz (...) debemos liberar las exportaciones; lo que Bolivia necesita ahora es empleo y no prohibiciones", resaltó.

Para Ortiz lo que acaba de hacer el Gobierno "es volver a las políticas de Evo Morales" lo que "constituye un atentado contra los empleos principalmente en Santa Cruz, pero con efecto multiplicador en todo el país".

Resaltó que lo países que crecen, se desarrollan económicamente y generan fuentes de empleos, son precisamente aquellos que exportan. "Nunca ha habido desabastecimiento de alimentos internos, existe la capacidad para garantizar el abastecimiento a toda Bolivia y al mismo tiempo exportar", señaló.

Lo que dice el Gobierno

El actual ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, explicó que estos decretos -aprobados durante el periodo de transición que administró Jeanine Áñez-  liberaban las exportaciones y dejaban sin efecto el certificado de abastecimiento interno y precio justo.

"Esta norma constituye un atentado a esa soberanía alimentaria y a esa seguridad alimentaria, con el posible incremento de precios y desabastecimiento de productos sensibles, como la carne de res, la carne de pollo, el trigo, arroz y el maíz", dijo Montenegro.


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