Desde la aplicación de la Ley 348, que garantiza a la mujer una vida libre de violencia, víctimas y familiares han denunciado falta de celeridad en los procesos, falta de información, burocracia y algunas irregularidades. Una muestra son las muertes de dos mujeres que generaron dudas en sus familiares y el cuestionamiento a los procesos de investigación que no los tipificaron como feminicidios pese a algunos indicios.

Patricia Pérez falleció a los 39 años en enero 2020 y la vida de Diana Porcel se apagó a sus 23 años en febrero de 2021.

Sus muertes tienen algo en común: sus familiares sospechan que fueron víctimas de feminicidios y, aunque en primera instancia fueron calificadas como muerte accidental y suicidio, las investigaciones han sido cuestionadas e impugnadas.

PATRICIA PÉREZ

Falleció tras un suceso confuso en la habitación de un alojamiento del Plan Tres Mil, donde estaba con su expareja, con quien procreó tres hijos.

En las imágenes se ve que el padre de sus hijos sale del alojamiento y que los trabajadores tienen que forzar la puerta para auxiliar a la mujer. Fue llevada a un centro asistencial donde finalmente falleció.

Pero las dudas de la familia se sientan en el procedimiento de la investigación.

Jhoel Barao Pérez, sobrino de la víctima, señala que ella fue víctima durante muchos años de la violencia de su pareja, y que como antecedente se tiene una agresión que ella denunció por la que tuvo 22 días de impedimento debido a que quedó con el rostro desfigurado.  “Ella era una mujer que se dedicaba a sus hijos, por eso estaba por graduarse de la carrera de Derecho”, cuenta Jhoel.

En tanto que su abogada, Helen Vargas, asegura que no los dejaron entrar en la autopsia y sospechan que hubo alteraciones en los informes. “El cuerpo tenía signos de violencia, esos nos dijeron en la morgue, pero luego no nos dejaron entrar a la autopsia”, señala.

Los familiares han peregrinado por más de dos años, hasta lograr que se realice la necropsia que, aunque señala que no es concluyente sobre la causa de la muerte, genera la duda de la familia al revelar un golpe en la cabeza.

Amaral Pestañas, abogado de la familia, cuestiona que no se tomara en cuenta ese detalle para investigar un posible feminicidio. El caso tiene rechazo de denuncia para ser indagado como feminicidio, pero la familia insiste.

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Ahora la decisión está en manos de la Fiscalía. El fiscal departamental, Roger Mariaca, señala que una vez el caso llegue a su despacho se analizará si hay indicios de que en la investigación no fue objetiva y si se abre un caso o no.

La familia señala que el caso saltó nuevamente con las investigaciones que se realizan a los casos que se dan en el país de liberación de feminicidas y violadores de forma irregular. 

El abogado penalista y experto en violencia de género, Cristhian Sánchez, apunta que hay una falta coordinación entre el Ministerio Público y la Policía en la atención general de los casos de violencia y de feminicidios, hasta celo profesional entre miembros de las instituciones. Así también, señala una falta de empatía para con las víctimas y sus familiares al momento de atender estos casos.

DIANA PÓRCEL

Estas descoordinaciones y sus resultados también las vivieron familiares de Diana Porcel, una joven locutora radial que falleció el 5 de febrero de este año. Su cuerpo fue hallado en su cuarto y la situación tras la autopsia fue similar al caso de Patricia. Sus familiares notaron lesiones físicas que no estaban consignadas en la autopsia.

Sin embargo, en este caso, las acciones de la familia tuvieron resultados más prontos, pues después de un mes y diez días después, la pareja de Diana, principal sospechoso en el caso, fue detenido.

Pero ante estos casos se abre la interrogante ¿cómo es que casos de sospecha de feminicidios pueden ser descartados en las primeras investigaciones y pese a indicios que cuando menos siembran duda?

La pregunta fue planteada al fiscal departamental, quien señaló que se revisará el caso de Patricia y en el de Diana ya se tuvo los primeros resultados con la aprehensión de su pareja.

Para los expertos, el hecho de que las exparejas de las víctimas tengan antecedentes de violencia, los convierte en sospechosos que deben ser investigados. 

Sanchez dice que el feminicidio “es la coronación” de una serie de hechos de violencia contras las víctimas.

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