La Asamblea Legislativa Plurinacional remitió al Órgano Ejecutivo la Ley de Fortalecimiento Para la Lucha Contra la Corrupción para su promulgación y puesta en vigencia en la normativa boliviana. La norma, entre otras cosas, recupera figuras que se habían creado en el abrogado nuevo Código Penal y crea nuevos tipos penales.

Estos son algunos de los aspectos más importantes de la ley

1.  23 cambios e Inhabilitación

La nueva ley modifica 23 artículos del Código Penal vigente, entre ellos está el artículo 34 referido a la inhabilitación, que incorpora a los condenados por corrupción y establece periodos específicos para que estén impedidos de ejercer cargos referidos al área en el que cometieron el delito.

“La inhabilitación no será menor a seis meses ni mayor a 10 años, fijándose la cantidad en función a la culpabilidad, de acuerdo a la siguiente escala: de cuatro hasta diez años en delitos con pena privativa de libertad, de seis meses a cuatro años en delitos culposos o con sanción no privativa de libertad”, señalará el nuevo texto del artículo 34 del Código Penal.
Se agrega que la inhabilitación solo afectará al empleo, oficio, profesión, servicio público “de cuyo ejercicio u ocasión se abusó para la comisión del hecho”.

2.    Cohecho pasivo

Otra de las modificaciones está referida al Cohecho Pasivo (delito que sanciona al servidor público que acepta dinero, dádivas o cualquier otra ventaja) y cuya pena mínima será ahora de cinco años como mínimo y diez como máximo, hasta ahora la sanción menor era tres años lo que permitía a muchos acusados acceder a la figura del "perdón judicial". La pena será agravada de siete a doce años de pena en caso de que el que cometa el delito sea miembro del Órgano Judicial, Ministerio Público, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas, Aduana o Impuestos.

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3.    Sin cárcel para delitos de ‘Beneficios en Razón del Cargo’

La privación de libertad fue eliminada del delito de “Beneficios en Razón del Cargo” cuya sanción será una multa sancionadora de entre 251 y 400 días. Además, excluye de este tipo penal “la entrega de regalos a autoridades que según sus usos y costumbres se estilan”.

4.    Sanciones para personas jurídicas

La nueva ley además crea sanciones penales para las personas jurídicas implicadas en casos de corrupción, en casos en los que no se haya podido individualizar a un responsable o se intente ocultar responsabilidades a través de una fusión. 

Las sanciones  para las personas jurídicas (organizaciones, instituciones, etc) podrán ser económicas (multas, pérdidas de beneficios estatales, decomiso) o prohibitivas (suspensión parcial o total de actividades), reparatorias, o la pérdida de la personalidad jurídica.

5.    Se crea la figura del “grave daño económico”

La nueva norma también realiza modificaciones a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, entre ellas incorpora la cifra por la que se considera a un caso de corrupción como “grave daño económico”, que es la afectación cuyo detrimento sea igual o superior a los Bs 7 millones.

La nueva ley señala además que los delitos de corrupción que causen “grave daño económico al Estado” no prescribirán.

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6.    “Colaboración eficaz”

Otra de las incorporaciones es la creación de la figura de la “Colaboración Eficaz” que establece que “el fiscal podrá solicitar al juez que prescinda de la acción penal, en materia de corrupción, respecto a alguna de las personas imputadas cuando esta colabore eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar la consumación del hecho o la perpetración de otros, desactivar organizaciones criminales, ayude a esclarecer el hecho investigado o brinde información útil para probar la participación de otras personas, cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del colaborador”.

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