La CIDH denuncia plan de Ortega por mantener un régimen de concentración total del poder
A través de su informe anual, La Comisión Interamericana observó la persistencia de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ejecuta un plan político para perpetuarse en el poder. La información fue compartida a través de su informe anual.
Según el documento, la iniciativa tiene como objetivo eliminar a la oposición nicaraguense y clausurar los espacios sociales que exigen el fin de la dictadura sandinista.
“La CIDH observó la persistencia de la represión y la instrumentalización de todo el aparato estatal con la finalidad de suprimir a largo plazo cualquier espacio de pluralismo, expresión, expresión de fe, disenso y participación democrática”, indica.
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De acuerdo al informe, esto se realizaría mediante la aprobación de nuevas leyes contrarias al derecho internacional de los Derechos Humanos y la criminalización de la población.
“Durante el 2024, la Comisión Interamericana recibió información sobre nuevas acciones que tendrían por finalidad perpetuar el régimen totalitario de concentración del poder en la familia del presidente. Entre ellas, la aprobación de la reforma a la Constitución Política de Nicaragua que modificó más de cien artículos, estableciendo un modelo de “democracia directa” que centraliza el poder en la Presidencia de la República, encabezada por un co-presidente y una co-presidenta”, expresan.
Además, hablan de la imposibilidad de ejercer el derecho a la protesta contra la dictadura en ese país con detenciones ilegales ejecutadas por las fuerzas de seguridad que responden a Ortega.
“La CIDH observó (...) graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Estas incluyen detenciones arbitrarias, denuncias de desaparición forzada, graves condiciones de detención y hechos de tortura, privación arbitraria de la nacionalidad, prohibición de retorno al país a nacionales, destierro, persecución religiosa y severas restricciones al espacio cívico, tanto en el entorno físico como digital”, dicen.
“A su vez, este régimen de represión se extendió más allá de las personas opositoras políticas o sus familias, alcanzando también a simpatizantes del gobierno, funcionarias estatales y a la sociedad en general, con el fin de eliminar cualquier espacio para el ejercicio de las libertades y autonomía de la población bajo un clima de miedo, vigilancia y persecución”, agregan.
Entre otras observaciones, también se encuentra la de la Iglesia Católica quien cuestiona las acciones represivas de la dictadura sandinista, y que en respuesta, Daniel Ortega inició un operativo paraoficial para encarcelar religiosos y acotar el funcionamiento de sus instituciones seculares:
