Dicen que las arañas que tejen juntas pueden ser capaces de derribar a un elefante. Es esa unidad de los jubilados del país que aglutinados en el “Movimiento de Emergencia Nacional por la devolución de aportes de la seguridad social”, han presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, un proyecto de ley para que esos dineros aportados vuelvan a los bolsillos de los legítimos propietarios.
Se trata de un proyecto de norma que fue ingresado el 11 de octubre del 2024 y que a inicios del 2025 ha sido reforzado con movilizaciones permanentes en las oficinas de la Gestora de los nueve departamentos.
Durante la entrega del proyecto, los dirigentes han explicado que los aportantes no tienen confianza en la gestión de la Gestora Pública y han acusado al Estado de ser un mal administrador de los recursos destinados a las jubilaciones. En particular por la llamada “inversión” de 250 millones de dólares en bonos del Banco Central de Bolivia (BCB).
El proyecto de ley establece la devolución total y voluntaria de los aportes acumulados para asegurados inactivos y pasivos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), sin importar la edad o el monto acumulado, siempre que los solicitantes renuncien a su derecho a una jubilación futura y que la entrega del dinero se realice en un solo desembolso.
El movimiento también exige la renuncia del gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán Chuquimia, acusándolo de falta de transparencia en el manejo de los aportes y han exigido a la Central Obrera Boliviana que “no se haga la de la vista gorda” por no proteger los intereses de los trabajadores.
Fundamentan que es ilegal el funcionamiento de la Gestora que reemplaza a las AFP, porque quien toma arbitrariamente es el ejecutivo de la Gestora Pública, nombrado en contraviniendo del art.147 de la Ley de Pensiones y Jubilaciones, 065 que dice: “la Gestora debe ser Administrada por un directorio compuesto por 1 presidente y 4 directores, de ternas aprobadas por 2/3 de votos de los presentes de la Cámara de Diputados”, directores que deben ser representantes de los trabajadores y dueños de esa plata.
Se trata de un queso bien grande que administra la Gestora, en un monto de $us24.000 millones que hasta el 2023 se acumularon en las AFP generando utilidades de $us225 millones por el manejo de 2.5 millones de cuentas de los bolivianos y que en términos legales se constituye en un derecho real, con las características de conceder al propietario, el “uso, goce, disfrute” y la principal característica, “ser oponible a terceros”, en este caso la Gestora que en términos generales nos está “bolsiqueando”, acción definida por el Diccionario de la Real Academia Española, como “hurgar en los bolsillos de alguien especialmente con intención de robar”.
Y porque quieren decir basta al manoseo al que han sido sometidos desde que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, prometió “van a tener su chequera individual* con todos sus ahorros para cuanto ustedes se jubilen ir al banco, retirar sus fondos y vivir felices el resto de sus días”, en 1993, cambiando del sistema tripartito que tenía el aporte estatal y patronal.
Pero ese fue el primer ‘cuento del tío” porque para calcular el monto mensual que iban a entregar para la jubilación, calculan una esperanza de vida de 110 años, recibiendo solo el 25 por ciento de su salario ganado y el segundo timo ha sido anunciar que se elevaría “hasta” 1000 bolivianos al salario mensual que ahora perciben los jubilados, sin embargo se han quejado que ese “hasta”, en muchos casos no pasa los 100 bolivianos y en algunos casos en ese ajuste de al recategorización, han terminado recibiendo la noticia que “les estaban pagando una cuota muy alta”.
Es así que conviene que tomemos el tema en serio, jubilados y no jubilados, porque el día de mañana, puede ser que tristemente veamos que nuestros ahorros se han esfumado, como ocurrió con el Fondo Indígena o con las reservas internacionales convertida en una chequera sin fondo.