El escándalo cripto que sacude a Argentina comenzó cuando el presidente Javier Milei promocionó en la red social X una nueva criptomoneda llamada $LIBRA, asegurando que incentivaría la economía argentina.
Lo que parecía ser una iniciativa prometedora rápidamente se convirtió en una crisis cuando el valor de la criptomoneda se derrumbó después de que un pequeño grupo de inversores retirara su dinero.
El empresario estadounidense Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, emergió como uno de los principales impulsores del lanzamiento de $LIBRA.
Davis se había reunido previamente con Milei en la Casa Rosada el 30 de enero, supuestamente para “acelerar el desarrollo tecnológico argentino”.
Sin embargo, tras el fracaso de la criptomoneda, Davis negó que se tratara de una estafa tipo “rug pulling”, una maniobra que consiste en crear una criptomoneda, darle valor a través de inversores y promotores, para luego abandonar repentinamente el proyecto llevándose los fondos invertidos.
El escándalo ha provocado múltiples denuncias judiciales contra Milei, incluyendo una penal donde figura como integrante de una “asociación ilícita” que presuntamente estafó a más de 40 mil personas con pérdidas superiores a 4 mil millones de dólares.
El gobierno argentino respondió creando una Unidad de Tareas de Investigación bajo la dirección de Karina Milei, hermana del presidente.
Es importante destacar que esta no es la primera vez que Milei se involucra en controversias relacionadas con criptomonedas. Anteriormente, había promocionado la criptomoneda de Vulcano game NFT y CoinX, una plataforma que fue denunciada como posible estafa piramidal.
En el caso de CoinX, Milei admitió haber cobrado por la promoción y, cuando fue cuestionado sobre las personas perjudicadas, simplemente respondió que “lo suyo solo fue una opinión”.
El caso $LIBRA ha generado preocupación en la industria de las criptomonedas, especialmente en lo referente a las ”memecoins”, que se distinguen de las criptomonedas tradicionales por no estar respaldadas por una infraestructura sólida y basarse principalmente en la popularidad en redes sociales.
Este episodio ha puesto de manifiesto los riesgos de la promoción presidencial de activos especulativos y la necesidad de una mayor regulación en el sector.
La crisis de $LIBRA se profundizó cuando se reveló que Hayden Davis, el cerebro detrás de la criptomoneda, mantuvo contacto directo con el gobierno de Milei incluso después del escándalo. Durante las últimas 48 horas, colaboradores del presidente mantuvieron conversaciones secretas con Davis para coordinar una estrategia que les permitiera superar la crisis.
El gobierno prometió que Milei no acusaría a Davis de ilícito alguno durante su entrevista televisiva, y le anticiparon que un emisario presidencial viajaría a verlo esta misma semana.
La situación se complicó aún más cuando se filtraron chats donde Davis alardeaba de “controlar” a Milei y haber pagado sobornos en Argentina, aunque no hay evidencias que confirmen estas afirmaciones.
El escándalo también generó tensiones dentro del “triángulo de hierro” del gobierno (Javier Milei, su hermana Karina y Santiago Caputo) después de que se viralizara un video donde Caputo interrumpió abruptamente una entrevista del presidente.
El periodista Jonatan Viale admitió posteriormente haber aceptado quitar esa parte de la entrevista, reconociendo que le “faltó firmeza”.
La oposición, mientras tanto, intensificó sus acciones, la coalición peronista-kirchnerista Unión por la Patria y el socialismo impulsan un juicio político contra Milei por su presunta participación en lo que denominan una “megaestafa”.
Las denuncias judiciales incluyen una acusación penal donde el presidente figura como integrante de una “asociación ilícita” que habría estafado a más de 40 mil personas con pérdidas superiores a 4 mil millones de dólares.
El impacto ha trascendido las fronteras argentinas, llegando incluso al parlamento español, donde el presidente Pedro Sánchez utilizó el caso para criticar a la oposición, calificando a $LIBRA como “un colosal engaño”.
Se ha descubierto que existe un entramado de socios comerciales vinculados a $LIBRA que tiene conexiones directas con la secretaría de Karina Milei. Los empresarios Mark Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy tuvieron acceso autorizado a la Casa Rosada por la hermana del presidente.
La crisis ha generado preocupación sobre el funcionamiento del gobierno, con analistas señalando que un “gobierno de funcionarios presos del pánico” no es el mejor aliado para un jefe político, especialmente cuando se trata del presidente de la nación.
El mercado de las criptomonedas está experimentando una agitación significativa debido a la participación de figuras políticas prominentes en la promoción de “memecoins”.
Este fenómeno ha generado preocupación en la industria y ha puesto de manifiesto los riesgos asociados con la intersección entre política y activos digitales.
Las memecoins son un tipo especial de criptomoneda inspirada en memes, personajes o figuras relevantes, que se distinguen de criptomonedas establecidas como Bitcoin por carecer de una infraestructura sólida y basarse principalmente en la popularidad en redes sociales.
En Estados Unidos, Donald Trump y Melania Trump también han incursionado en este espacio con el lanzamiento de sus propias memecoins, $TRUMP y $MELANIA.
Su aproximación ha sido más cautelosa, advirtiendo explícitamente que estos tokens son coleccionables digitales con valor simbólico y no están destinados para inversión. Trump ha mostrado una postura más institucional hacia las criptomonedas, convirtiéndose en el primer candidato presidencial en aceptar activos digitales como donaciones y prometiendo crear una reserva estratégica de bitcoins.
El caso más emblemático de la intersección entre política y criptomonedas es el de El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele.
En 2021, Bukele convirtió a El Salvador en el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Esta iniciativa resultó ser un fracaso costoso. El gobierno gastó entre 200 y 400 millones de dólares en promover el uso del Bitcoin, pero solo el 8% de la población llegó a utilizarlo ocasionalmente en 2024.
Los proyectos ambiciosos de Bukele, como “Bitcoin City”, una ciudad dedicada a la minería de criptomonedas, nunca se materializaron. El experimento llegó a su fin en enero de 2025, cuando El Salvador se vio obligado a abandonar el Bitcoin como moneda legal para obtener un préstamo del FMI por 1,400 millones de dólares.
La industria cripto ha respondido con críticas contundentes a estas iniciativas políticas. Expertos como Javier Pastor, director de formación de Bit2Me, han expresado preocupación por la “injerencia política cuando no es una actuación meditada, trabajada y formada”.
Estos casos ilustran los riesgos de mezclar política con activos digitales especulativos y subrayan la importancia de mantener una regulación adecuada y transparente en el mercado de criptomonedas.
La experiencia de El Salvador, en particular, demuestra que la adopción de criptomonedas requiere más que respaldo político; necesita una infraestructura sólida, confianza pública y estabilidad económica para ser viable.
Por otro lado, el escándalo de las “memecoins” promocionadas por figuras como Milei y Trump nos muestra los peligros de mezclar la autoridad política con activos especulativos volátiles.
Como reflexión final, podríamos decir que la fascinación por las criptomonedas en el ámbito político revela una tensión fundamental entre la innovación financiera y la responsabilidad gubernamental.
Como dijo sabiamente Warren Buffett: «El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo».
Esta frase resume perfectamente la importancia de que los líderes políticos actúen con prudencia y conocimiento cuando se trata de promover instrumentos financieros que pueden afectar el bienestar económico de sus ciudadanos.