El diccionario define la palabra “bolsiquear”, como “hurgar en los bolsillos de alguien especialmente con intención de robar”. Esa es la definición exacta de las acciones inconsultas e ilegales de movimientos económicos de nuestros recursos que está realizando la Gestora Pública en Bolivia, que nos acaba de madrugar con la noticia que “invirtió” un equivalente a $us 500 millones en bonos del Banco Central de Bolivia; $us 50 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos, y otros $us 250 millones en Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) boliviano; en una coyuntura en la que en el país hay un clamor, paros y bloqueo por la falta de dólares.
Es ilegal porque quien toma esa determinación es el ejecutivo de la Gestora Pública, nombrado arbitrariamente y contraviniendo el art.147 de la Ley de Pensiones y Jubilaciones, 065 que dice: “la Gestora debe ser Administrada por un directorio compuesto por 1 presidente y 4 directores, de ternas aprobadas por 2/3 de votos de los presentes de la Cámara de Diputados”, directores que deben ser representantes de los trabajadores y dueños de esa plata.
Pero se ha dejado en manos de un hombre de confianza del gobierno del presidente Luis Arce, el manejo de un equivalente a $us 23 mil millones que se han ido acumulando de un monto del 12%, que descuentan religiosamente todos los meses, a los trabajadores asalariados.
Y que, mientras trabajadores en salud y educación, se jubilan con salarios miserables que no llegan ni al mínimo vital de Bs 2500, el gerente de la Gestora, Jaime Durán, justifica tener un sueldo de Bs.35 mil, “porque es un experto en hacer crecer el dinero”, según dijo en fecha 7 de abril del 2023, poco antes de asumir el cargo.
Además de ilegal y arbitraria, la determinación tomada por la Gestora Pública, puede ser considerada delictiva, considerando que los dueños de esos recursos económicos, SON LOS TRABAJADORES ASALARIADOS y el Estado no ha aportado ni UN CENTAVO. “Van a tener su chequera individual con todos sus ahorros para cuanto ustedes se jubilen ir al banco, retirar sus fondos y vivir felices el resto de sus días”, decía, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en 1993, cuando se dejaba de lado, el aporte estatal y patronal y quedaba en manos exclusivas de los propios trabajadores, el ahorro individual para su jubilación.
Pero en realidad nada de eso ha ocurrido porque al momento de la jubilación, las AFP nunca devolvieron los recursos y calculan una esperanza de vida de 110 años, para asignar la cuota mensual con la que devuelven los recursos, equivalentes, en su mayoría a 20% del salario, a excepción de militares, policías y expresidentes de Estado, que, al momento de su desvinculación laboral, les asignan el 100% de su sueldo.
Por esa razón están en trinchera de lucha y movilizaciones permanentes, los trabajadores en salud y educación, porque encima, el gobierno del presidente Arce propuso la modificación de la Ley 065, con el Proyecto de Ley 035, se quiere imponer la jubilación forzosa, a los 65 años y poque es discriminativa, pues “todas las personas nacemos iguales (...) aunque tengamos diferente sexo, idioma, EDAD, color de piel, edad”, resumen los arts. 1, 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra el Derecho al Trabajo, con la búsqueda del bien común, en concordancia con los arts. 9 y 46 de la CPE que manda como fines fundamentales del Estado “constituir una sociedad justa (...) y garantizar que por llegar a una determinada edad, se desvincule obligatoriamente al trabajador.
Y porque los aportes de los trabadores que son custodiados por la Gestora, se constituyen en un derecho real de los propios asalariados, con “derecho al uso, goce, disfrute y de ser oponible a terceros” y con el derecho, de denunciar que si quieren “bolsiquearnos”, cometen un delito, señalado como “el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a una sanción penal” y que puede ser tipificado como un robo, porque están disponiendo de RECURSOS AJENOS que no pertenecen más que a los propios aportantes y nadie los puede poner en riesgo porque ahí radica la esperanza de contar con ellos, al momento de la jubilación y evitar que la Gestora se convierta en una cacha del gobierno actual, como lo fue el Fondo Indígena, del que saquearon alrededor de Bs 200 millones.