“El museo de las grandes novedades”. Como si no hubiera pasado dos décadas bajo el ala del mismo proyecto, Andrónico Rodríguez se lanza a la palestra con el entusiasmo de quien cree haber descubierto el fuego, cuando en realidad solo ha encontrado un encendedor vacío. Su propuesta: una lista de “nuevos derechos”, que no son más que un refrito constitucional sin sal ni contexto. Detrás del ropaje de promesas, se esconde la defensa (camuflada) de un modelo estatista fracasado, que intenta mantenerse a flote bajo el disfraz de renovación. La estrategia política por detrás es que en la época del descalabro el candidato jugaba con bolitas y no sabía de nada.
Cuando se abran los armarios del régimen, no saldrán secretos, sino cementerios. Por los indicadores que hoy conocemos, dejarán detrás un desastre económico de proporciones bíblicas. En lo macro: una inflación que ya camina peligrosamente hacia la hiperinflación, un crecimiento que languidece, un desempleo rampante y una ocupación atrapada en la informalidad, que también se desangra.
En lo estructural, arrasaron. Acabaron con los recursos naturales, destruyeron con saña el capital humano y hundieron la productividad. Esa es la grieta que nos dejan: una generación entera estafada. A eso se suma un país endeudado por dentro y por fuera, un sector externo colapsado y unas instituciones reducidas a escombros.
La estrategia política por detrás es que en la época del descalabro el candidato jugaba con bolitas y no sabía de nada. Era una wawita de pecho, pero todo su entorno si estuvo en el festín de la crisis económica, la incompetencia y muchas veces la corrupción.
El candidato puede ser joven de edad, pero es viejo de ideas.
1. Derecho a la estabilidad
Hablar de estabilidad sin reconocer sus causas estructurales es negar la realidad. Bolivia arrastra un déficit fiscal superior al 8 % del PIB durante más de una década, la destrucción del sector externo con la caída de las exportaciones de gas, la pérdida de reservas internacionales por más de 12.000 millones de dólares y la expropiación de los ahorros de los trabajadores. Sin enfrentar estos factores, prometer estabilidad es simplemente repetir la propaganda de siempre.
2. Derecho al trabajo
El 80 % de la población trabaja en la informalidad, con ingresos bajos, sin acceso a seguridad social ni pensiones. El Estado, en lugar de fomentar el empleo digno, expandió una burocracia improductiva con 500.000 empleos públicos, mientras arrinconaba al sector privado con normativas absurdas y una ley laboral punitiva. Entre sector público y sector privado Formal dan el otro 20 % del empleo en Bolivia.
El derecho al trabajo exige reglas claras, inversión y productividad, no más retórica comunitaria. Requiere reconocer y dar las condiciones para que el gigantesco sector privado boliviano ( formal e informal) mejore la ocupación en Bolivia.
Prometer empleo mientras se destruye la inversión privada es como regalar carnets de chofer en un país sin autos. El “trabajo” en la economía popular ya existe, lo que falta es productividad, acceso a tecnología y seguridad jurídica. Pero claro, eso exigiría reconocer que el estatismo clientelar no funciona.
3. Derecho a la alimentación sana y a la producción agrícola
Se destruyó al pequeño productor con una política cambiaria que favoreció las importaciones baratas de alimentos. El tipo de cambio real apreciado convirtió a campesinos en comerciantes, expulsando a miles del campo y empujándolos a la informalidad urbana. Ahora se invoca el derecho a producir como si el Estado no hubiera sido el principal promotor de la desagrarización forzada del país.
4. Derecho a la educación y a la salud con calidez
La Ley Avelino Siñani fue un experimento fallido de adoctrinamiento político. La calidad educativa se desplomó: solo 3 de cada 100 bachilleres aprueban pruebas básicas de ciencias. En salud, se priorizó la construcción de infraestructura sobre la atención real, y se reprimió a los profesionales cuando denunciaban carencias. Prometer “calidez” después de esta herencia es una ironía que raya en la crueldad.
La justicia: el crimen perfectoLa “elección” de jueces fue una maniobra brillante para mantener el control político del sistema judicial con aval popular. Se prometió independencia, pero se perfeccionó la subordinación. El aparato de justicia funciona hoy como una herramienta de disciplinamiento político, y cualquier reforma sin desmantelar este mecanismo es solo maquillaje institucional.
5. Derecho al transporte justo
El transporte informal, precario y saturado es el reflejo de una economía que empuja a la gente a sobrevivir en lo que sea. El subsidio a los combustibles distorsionó precios y generó dependencia. Se invirtieron casi 1.000 millones de dólares en un teleférico vistoso pero insuficiente. Reconocer ahora que hay que ajustar el subsidio, pero sin tocar el modelo, es simplemente confesar el error sin asumir el costo.
6. Derecho a la tranquilidad financiera
El país enfrenta una crisis de divisas producto de la caída de las exportaciones de gas y la destrucción de las reservas internacionales. Proponer un “fondo en dólares” basado en la buena voluntad de los exportadores, sin atacar la distorsión del tipo de cambio, muestra un desconocimiento elemental de economía. Mientras se siga insistiendo en mantener un tipo de cambio fijo artificial, no habrá tranquilidad, sino prolongación del desorden.
Un fondo voluntario en dólares suena bien... si uno vive en Suiza. En Bolivia, donde el Estado ha perseguido al exportador y criminalizado al ahorrista, sugerir que espontáneamente los dólares regresarán es como suponer que las aves migratorias volverán si pintamos el cielo de azul. El tipo de cambio no se fija por decreto, sino por confianza.
7. Derecho al crédito justo y sostenible
No hay crédito posible sin confianza. Y no hay confianza en una economía donde la banca ha sido tratada con el sapato, la inflación crece, y la normativa financiera impone techos, pisos y cuotas sin racionalidad técnica. El crédito justo requiere estabilidad, seguridad jurídica y una política monetaria coherente. Ninguna de estas condiciones está presente.
8. Derecho a no vivir endeudados
La deuda pública total supera el 90 % del PIB. La prédica antiendeudamiento externo convive con un endeudamiento interno creciente y una presión fiscal insostenible. El Estado se ha financiado captando recursos del sistema financiero y de los ahorros de los trabajadores, mientras niega la necesidad de una reforma fiscal integral. La coherencia no parece estar invitada al programa de Andrónico.
9. Derecho a un buen Estado
El modelo de “economía plural” se convirtió en un instrumento de concentración estatal. El sector público se expandió más allá de su capacidad, y el Estado terminó asfixiando la economía en lugar de impulsarla. Hablar de un “buen Estado” sin revisar la hipertrofia burocrática, el cuoteo político y el uso clientelar del aparato estatal es volver a vender humo con empaque técnico.
10. Derecho al desarrollo sostenibleSe promete industrializar el litio, ordenar la minería e impulsar la transición energética. Pero seguimos exportando carbonato, tolerando el caos minero cooperativista y dependiendo del gas en declive. No hay diversificación, ni inversión significativa, ni estrategia de largo plazo. El discurso verde solo sirve para barnizar de modernidad un extractivismo que sigue intacto.
A modo de conclusión
El programa de Andrónico Rodríguez es una reedición, un coñichi, un recalentado, sin autocrítica, del proyecto que gobernó Bolivia durante dos décadas. Su fortaleza no está en lo que dice, sino en lo que calla: las causas del deterioro. Más que un plan de futuro, parece una carta de nostalgia. Y lo que Bolivia necesita es justamente lo contrario.
Por otra parte, negar la corresponsabilidad conceptual y política del modelo fracasado no ayuda. El príncipe del Chapare y muchos que ahora se reciclan en la sombra y niegan al jefe supremo, deben reconocer que engendraron, ayudaron a empollar, cobijaron, estuvieron en la nacimiento y cobijaron al huevo y a la serpiente autoritaria de masismo. Fueron protagonistas, actores secundarios, utileros, Vireyes, en el conjunto de la obra del capitalismo estatal de amiguetes, que creció en un mar de economía informal.