Tras un acalorado debate en el que se enfrascaron los diputados de oficialismo y oposición en torno la justificación para abrogar la Ley 1386, para el analista Paul Coca la confrontación era innecesaria más aún cuando se busca pacificar el país.

“Los últimos días, personas inescrupulosas con interés individuales desinformaron a la población, generando zozobra y preocupación en la misma mintiendo respecto a los objetivos reales de la ley”, señalaba la argumentación del MAS para abrogar la Ley 1386.

Para Coca, el MAS no hace un mea culpa en torno a las protestas contra la Ley 1386 y el paro indefinido que este martes cumple su noveno día. “Era innecesario colocar eso, se podía colocar algo tan simple y sencillo: por y para pacificar el país”, considera Coca.

Por otra parte el analista, señala que con la abrogación de la Ley 1386 los parlamentarios de oficialismo y de oposición pretenden “lavarse la cara” para evadir responsabilidades sobre la socialización que debió hacerse en su debido momento. 

Coca sostuvo que, asambleístas de oposición no habrían leído en su debido momento la ley 1386 y que el propio ciudadano tuvo que haber hecho sus observaciones a la normativa.

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“Estas movilizaciones sirvieron a la oposición parlamentaria para justificar de alguna u otra manera un proyecto que se convirtió en ley que ni siquiera leyeron, fue la ciudadanía la que tuvo que leer; por alguna u otra manera, el oficialismo y oposición del parlamento buscaron con esto, lavarse la cara”, manifestó el analista político en entrevista con Unitel.

Además, de acuerdo al criterio de Coca, el Movimiento al Socialismo tiene la absoluta responsabilidad de haber llegado a una abrogación por no haber socializado la normativa en su debido momento y haber dejado que las propias organizaciones sociales hayan realizado sus observaciones tras su promulgación. 


Coca identifica tres aspectos fundamentales por el cual el Gobierno de Arce tendría la responsabilidad de haber llegado a una abrogación de la Ley 1386.

La responsabilidad recae sobre el Gobierno nacional por haber realizado una normativa de 7 artículos y más de 59 anexos que va en contra de la técnica legislativa; segundo, por haber permitido la realización de un paro; tercero, al haber dicho que el paro de Santa Cruz fue muerto pese a que las autoridades dicen que existe un daño económico”, aseguró.

Según Coca, por los últimos acontecimientos sociales y de acuerdo a la sesión parlamentaria en la cual se abrogó la normativa, el MAS “no tuvo humildad ni mea culpa” al pretender incluir en el documento de abrogación los motivos de “desinformación” y “desestabilización al Gobierno”.

Tras la abrogación, Coca pide que se haga un “acuerdo político por Bolivia” para dar una solución a las futuras leyes.

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