Varias organizaciones y sectores sociales del país continúan en emergencia en rechazo a la ley 1368 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Al respecto, el analista político y periodista Andrés Gómez Vela, identifica que el Gobierno intenta “dividir” y “cansar” a los sectores movilizados quienes piden la abrogación de la ley.

Gómez, observa tres puntos por los cuales no habría un acercamiento entre el Gobierno y los sectores movilizados para dar una solución al conflicto por la ley 1386.

“El primer elemento que hay que tomar en cuenta es el agotamiento de la agenda denominada golpe de estado y la negación de un fraude y los conflictos sociales van reemplazando esta agenda; el segundo punto es la desconfianza de los sectores y esta desconfianza carece de falta de credibilidad, lo que significa que están perdiendo esa llegada y persuasión hacia la sociedad; el otro punto que la sociedad no quiere ser vigilado por un partido” explicó Gómez. 

Según el analista, sostiene que en la mayoría de las leyes promulgadas, el Gobierno no cumpliría con socializar los artículos y detalles de las normativas antes de proceder a promulgarlas. 

“Primero el Gobierno fracasa porque no cumple con la frase de Gobernar escuchando al pueblo, es curioso que el Gobierno quiere socializar la norma después que está aprobada, entonces la sociedad no es tonta y dice antes de aprobar tienen que preguntarme”, señaló.


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El analista indica que las autoridades gubernamentales solo tendrían acercamientos con sectores afines al Gobierno dejando relegado a los otros sectores que no estarían en la línea política gubernamental. 

“El Gobierno demuestra que solo negocia con sectores favorables, no escucha al resto, no delibera con los sectores que están el desacuerdo”, dijo Gómez. 

Gremiales, mineros cooperativistas, choferes, entre otros sectores del país piden la abrogación de la ley 1386  argumentando que esta normativa afectaría a la población boliviana. 

Por su parte, el Gobierno aseguró que esta ley nacional tiene carácter investigativo para identificar las irregularidades de movimientos financieros sin afectar a los sectores sociales.

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