Un anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno busca que se obligue a las empresas a restituir a trabajadores despedidos sin justificación legal en tiempo récord y con fallo inapelable del Ministerio de Trabajo.  

Se conoce que este anteproyecto es trabajado por los ministerios de Trabajo, Justicia, Minería y representante del sector obrero.  El documento, que circula desde esta semana se denomina “Procedimiento especial para la restitución de derechos laborales fundamentales”.

En el artículo 6 del proyecto, se detalla: “la trabajadora o el trabajador que considere vulnerado su derecho al trabajo o a la estabilidad laboral, a la remuneración o salario, a la libre sindicalización, y al fuero sindical, tendrá el plazo de tres meses, computables a partir de la comunicación verbal o notificación escrita del instrumento que considere la vulneración de tales derechos, para acudir ante el Ministerio de Trabajo y presentar la denuncia y la correspondiente solicitud de restitución de derechos laborales fundamentales”.  

En el mismo artículo, pero en el parágrafo II se lee “vencido el término establecido (parágrafo anterior), salvando los derechos que le asisten, podrá acudir ante la judicatura laboral”.

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Estas denuncias se presentan en las jefaturas departamentales o regionales de Trabajo, quienes luego de escuchar a las partes emiten una resolución aceptando denuncia o su rechazo. Si alguna de las partes no acepta la resolución  tiene derecho a impugnar. 

El artículo 17 del anteproyecto de ley (ejecución de las resoluciones) señala: “La resolución que resuelva el recurso jerárquico o aquella que agote la vía administrativa para la impugnación de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, adquirirán calidad de cosa juzgada y su ejecución se hará cumplir por la judicatura laboral, en los mismos términos que los establecidos en los artículos 213, 214, 215 y 216 del Código Procesal del Trabajo”.

En el proyecto de ley se reducen los plazos para resolver los recursos de revocatorio. Aunque, se elimina del procedimiento los amparos. 

Respecto al proyecto, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, Luis Laredo, consideró que ya la actual normativa laboral en el país es bastante complicada y esta ya está afectando la productividad en las empresas, por lo que endurecerla puede generar perdidas de empleos de calidad. 

"En los trabajos se está viendo cosas inadmisibles, por el tema de inamovilidad laboral los trabajadores están haciendo cosas que en el pasado no hacía. Hay ejemplos de que se encontraron a trabajadores en estado de ebriedad y eso es un despido directo, pero lamentablemente por las leyes que existen se ha tenido que recontratar a esta persona", aseguró a tiempo de pedir al Gobierno reformas. 


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