"Me van a enjuiciar por haber nacionalizado el Salar de Uyuni y por haber expulsado a una empresa pirata", dijo Carlos Mesa que se pronunció este jueves sobre el juicio de responsabilidades que fue aprobado por la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El líder de Comunidad Ciudadana hizo un recuento sobre lo ocurrido en su gestión como presidente del Estado (2003-2005) y el litigio que se inició con la empresa chilena NMM-Quiborax en la que indicó que se hizo, primero, una nacionalización, ampliando como tierra fiscal a toda la costra salina.

Luego, señaló que se hizo una revisión sobre las concesiones "arbitrarias que se habían hecho antes de mi Gobierno" a empresas para explotar "arbitrariamente el Salar", se encontró ilegalidades que beneficiaban a la firma Quiborax que además "no pagaba impuestos, no respetaba temas ambientales y declaraba exportaciones muy inferiores a lo que realmente exportaba", en otras palabras, "expulsamos a esta empresa del país".

Hizo énfasis en que la anulación de la concesión que se hizo en octubre de 2004 fue validada y ratificada por el Gobierno que le sucedió y que administró Eduardo Rodríguez Veltzé.

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El juicio de responsabilidades por el caso Quiborax es consecuencia de la denuncia planteada por la Procuraduría General del Estado contra Mesa por presuntos actos ilegales en la reversión de las concesiones y que derivaron en un proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.

Mesa aseguró que la empresa chilena falsificó el acta de conformación lo que estableció una mayoría accionaria extranjera para que se inicie este proceso pero que, cuando asumió Evo Morales, su Gobierno no hizo el reclamo para decir "que Bolivia no aceptaba ese juicio internacional y rechazó un acuerdo que le ofreció la empresa de pagar 3 millones de dólares, que ya era mucho, en compensación cuando esta firma no había invertido ni siquiera 600.000 dólares".

"El final de la historia es que Bolivia acepta pagar 42 millones de dólares" y lo hace mediante un acuerdo en el que participan ex y actuales autoridades del Estado boliviano y que "esta acción delictiva que le roba a Bolivia, ¿La hace Carlos Mesa?, no", dijo Mesa en conferencia de prensa.

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Considera que hay una pretensión "totalmente mentirosa" de pretender hacer justicia cuando en realidad "lo que quieren es blanquear a sus responsables y establecer la impunidad disfrazada de búsqueda de justicia".

Juicio de responsabilidades

La senadora Patricia Arce, informó que en el caso de Quiborax que involucra a Carlos Mesa, fue iniciado por lo que se considera resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, tipificada en los artículos 153, 154 y 224 del Código Penal.


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