Comunidad Ciudadana (CC) considera necesaria una reforma en el sistema judicial y para ello propone una asignación del 2% del presupuesto general del Estado, además de la creación de un consejo ciudadano que evalúe a los postulantes de los altos cargos judiciales. Plantea además que los dos tercios vuelvan a la ALP y que sean incluidos en la Constitución. 

Creemos que la modificación del sistema judicial es imprescindible (…) que no se puede concebir la democracia en Bolivia si se mantiene un Órgano Judicial desacreditado y vinculado a una militancia partidaria o una simpatía con el MAS, y no se puede concebir un sistema judicial que está permeado por la corrupción y la ineficiencia”, manifestó Carlos Mesa, excandidato a la Presidencia por CC. 

Consejo Ciudadano 

En su propuesta, CC plantea la creación de un consejo ciudadano conformado por representantes de las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas del país, colegios de abogados, asociaciones de periodistas, entidades empresariales, centrales de trabajadores y representantes de los pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos. Su organización y funcionamiento las definiría la Comisión Mixta de Constitución y deberá respetarse la equidad de género.

Este consejo tendrá la responsabilidad de evaluar y calificar las trayectorias y méritos de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Fiscal General del Estado y Fiscales Departamentales, y presentar una terna a la ALP para cada uno de los cargos, con los postulantes mejor calificados.

La lista de seleccionados se remitirá a la ALP para que designe a los altos magistrados y fiscales obligatoriamente de las ternas presentadas y, la ciudadanía, mediante referendo aprobaría o rechazaría en dos planchas, la de jueces y la de fiscales, estas designaciones.

La reforma planteada que plantea CC modificaría los Artículos 162, 178, 182, 187, 188, 194, 197, 198, 199, 227 y 228 de la Carta Magna y no requiere de una Asamblea Constituyente, sino de un referéndum aprobatorio. 

“El artículo 411 parágrafo II de la CPE establece que la reforma parcial podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa”, explicó el jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón.

Dos tercios y presupuesto

CC propone incluir en el Art. 162 de la CPE, un párrafo que especifique que se requerirán dos tercios de voto de los legisladores presentes en la respectiva Cámara, en los 11 temas que, por la modificación de los reglamentos de Senadores y Diputados decidido por la anterior Asamblea, hoy precisan solo de la mayoría simple.

Asimismo, en la propuesta de CC se señala que “en caso de que una sola organización política o alianza tenga dos tercios de Diputados o Senadores, se requerirá una mayoría cualificada de tres cuartos”.

Una tercera modificación propuesta señala que se garantizará al sistema judicial y fiscal, por lo menos el 2% del presupuesto general del Estado para su funcionamiento. Del mismo modo plantea la creación de una partida específica presupuestaria para la infraestructura y funcionamiento de la jurisdicción indígena originario campesina, que será administrada y ejecutada por sus propias autoridades.

Estamos dispuestos a abrir un proceso de diálogo y consenso con las fuerzas políticas en la ALP porque creemos que la reforma de la justicia es un tema prioritario para garantizar la paz social y la democracia en el país”, finalizó el parlamentario.


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