El capítulo cuarto del informe del Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios (GIEI-Bolivia) destacan la necesidad de una justicia y fiscalía independientes pues ahora están sometidos a presiones e injerencias, principalmente de orden político. 

“La independencia judicial tiene que ser reconocida y respetada por los tres poderes del Estado. En particular, se debe reconocer que los jueces y las juezas no dependen del gobierno del momento”, señala el informe de la GIEI, en su capítulo cuarto.

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El informe de la GIEI destaca que un pilar básico de la justicia es la garantía de la independencia e imparcialidad del poder para que los funcionarios del poder judicial puedan trabajar libre de influencias, presiones o intromisiones.

El mismo documento señala que un componente central de la independencia del sistema de justicia es que el Ministerio Público, como ente encargado de ejercer la acción penal, pueda desempeñar sus funciones de manera transparente, imparcial y autónoma.

Sin embargo, el GIEI señala que persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia.

Magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a  presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos, como  se evidencia en el análisis de las investigaciones y los procesos judiciales”, señala el informe.

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En el documento también se cita a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas  (Oacnudh) que ha identificado, de manera reiterada, la falta de independencia de la justicia de los poderes políticos y económicos en todos los niveles y la corrupción de la justicia como graves problemas  estructurales y de larga data.

El GIEI identifica que varios factores han contribuido a la injerencia política en la justicia. Entre ellos está el hecho de que la mayoría de los jueces, las juezas y fiscales actualmente ocupa cargos de carácter transitorio, aunado a la falta de independencia de las instituciones encargadas de los nombramientos de estos funcionarios. Otro factor que sugiere la intromisión política es el presupuesto restringido  para el sector de justicia.

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