Hace un año, cuando se había denunciado sobreprecio en la adquisición de equipos antidisturbios para Bolivia, a través de un comunicado el Ministerio de Gobierno aseguró que todo se trataba de guerra sucia. El exministro de Defensa, Luis Fernando López, también aseguró que hubo transparencia al firmar el contrato.

El Ministerio de Gobierno que estaba liderado por Arturo Murillo, señaló a través de un mensaje compartido el 31 de mayo del año pasado que la compra había sido realizada en el marco de las leyes y normas vigentes en Bolivia, cumpliendo todos los requisitos que exige la legislación.

“Esa compra legal y normal es presentada de manera maliciosa en las redes sociales”, señala parte del comunicado.

Cuatro días más tarde, el ministro López señaló que todo se realizó con transparencia, descartando de esta manera cualquier sobreprecio y justificó que la adquisición se había realizado a través de una empresa intermediaria.

La empresa extranjera no vende de manera directa, para ello nombra a un representante en Bolivia que es la empresa Bravo Tactital Solutions que indica que ellos son los representantes para todo tipo de compra en Bolivia”, señaló.

López aseguró que si tenía que volver a firmar ese contrato u otros para equipar a las Fuerzas Armadas y la Policía, estaba dispuesto a hacerlo.

El caso de sobreprecio volvió a la luz, tras conocerse que Rodrigo Méndez, exjefe de Gabinete de Arturo Murillo, fue arrestado en Estados Unidos por el cobro de sobornos para que una empresa intermediaria se haga cargo de la venta de armamento no letal a los ministerios de Defensa y Gobierno, cuando estas entidades eran controladas por Fernando López y Murillo, respectivamente.





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