A pocas horas de conocerse el informe del relator de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, sobre la situación de la justicia en Bolivia, UNITEL tuvo acceso al documento en el que se destacan las observaciones al proceso judicial contra la expresidenta Jeanine Añez conocido como golpe II, cuya sentencia se conoció el 10 de junio.

Haciendo referencia al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los eventos ocurridos el 2019, el documento de García-Sayán reitera que “se observó con preocupación la existencia de tipos penales ambiguos tales como sedición, terrorismo o incumplimiento de deberes”.

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En el caso golpe I, Añez fue acusada por los delitos de conspiración, sedición y terrorismo, este último fue eliminado del Código Penal Boliviano en marzo de este año; sin embargo, el tipo penal de sedición todavía está vigente y se mantiene como una de las acusaciones contra la exmandataria.

En el caso golpe II, la expresidenta Jeanine Añez fue juzgada y condenada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, este último es también uno de los tipos penales observados.

En el mismo documento, se menciona a la injerencia en la justicia  e indica que jueces, vocales y magistrados de la justicia están en situación de vulnerabilidad y expuestos a diferentes formas de injerencia o presión.

“La injerencia política, así como la presión de agentes no estatales, sumadas a las bajas remuneraciones, abren la puerta a la corrupción”, dice una de las conclusiones del documento.

Sobre las detenciones preventivas, el relator insta al Gobierno a poner fin a la generalización y abuso de las detenciones preventivas.

Las detenciones preventivas deben ser excepcionales. Corresponde al Estado asegurar el derecho de toda persona privada de libertad a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal”, indica.

Agrega también que la elección por voto de los integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas.

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