La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) recomendó enjuiciar a Carlos Mesa por el denominado caso Quiborax. De acuerdo al ministro de Justicia, Iván Lima, en caso de que no se logren los 2/3 para viabilizar el proceso se instalará un juicio civil en contra del exmandatario.

"El Estado tiene que recuperar el daño causado en el caso Quiborax. El Señor Mesa en lugar de decir su verdad, actúa como si fuera juez, fiscal o policía investigador para buscar impunidad. Recurre a la mentira, difamación y calumnia", dijo Lima este domingo en entrevista con medios estatales.

El 23 de junio de 2004 Carlos Mesa firmó el decreto supremo por el que se expulsó a la empresa chilena Quiborax, tras un estudio que determinó irregularidades en la operación que realizaba la firma extranjera en el Salar de Uyuni. Incluso, el exmandatario puntualizó de que se lo quiere enjuiciar por haber "nacionalizado" el salar y haber "expulsado a una empresa pirata".

El juicio de responsabilidades por el caso Quiborax es consecuencia de la denuncia planteada por la Procuraduría General del Estado contra Mesa por presuntos actos ilegales en la reversión de las concesiones y que derivaron en un proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.

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Lima fue tajante el señalar que Mesa debe "devolver" los 42 millones de dólares que el Estado boliviano pagó a la empresa Quiborax luego de perder un juicio internacional que fue resuelto durante la administración de Evo Morales.

Puntualizó que Mesa no goza de ninguna amnistía porque "no se acogió al decreto" y que "si hubiera seguido los pasos que debía seguir en un proceso de nacionalización, no se tendría ningún problema. Quien generó el daño económico al país fue Mesa".

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