Se promulgó el 16 de agosto de este año. Su nombre completo es Ley de Estrategia Nacional contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. Su número, 1386. Es la norma que ha provocado la protesta de una semana que aún vive el país y que se ha traducido en paros regionales y protestas callejeras.

Cuando la Asamblea Legislativa debatió esta norma, no hubo alertas ni protestas por lo que pasó casi inadvertida.

Pero en septiembre, la ALP comenzó a debatir otro proyecto de ley, el 218, contra la legitimación de ganancias ilícitas. Un proyecto que fue cuestionado por varios sectores porque aseguraban, ponía a todos los bolivianos en condición de sospechosos y como posibles investigados, hecho que alertó a gremiales y transporte, debido a que, según ellos, no podían probar la legalidad de sus ingresos.

A esto se sumó la consideración de que se establecía ‘superpoderes’ para la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que podía investigar personas sin informarles, que podía acceder a cuentas bancarias sin orden judicial e incluso pedir embargos o congelamiento de bienes a simple sospecha


El proyecto desató movilizaciones en octubre, un paro de 48 horas en algunas y el conflicto amenazaba con crecer, sobre todo desde El Alto, cuando el Gobierno decidió retirarlo.

En ese momento, el oficialismo prefirió evitar una escalada pero los movilizados, sobre todo los gremiales, alertaron que, pese al retiro de la 218, aún estaba en vigencia la ley 1386, la que aprueba la estrategia de lucha contra las ganancias ilícitas, y que era necesario retirar esa ley.

¿Por qué lo piden? Porque el artículo 7 de la ley 1386, establece que el gobierno puede normar y modificar la lucha contra las ganancias ilícitas mediante decreto, es decir que no solo el Ejecutivo puede reponer mediante decreto todos los polémicos artículos del proyecto 218, sino que además, recibe un cheque en blanco para definir la lucha contra las ganancias ilícitas sin volver a la asamblea.

Dado que la protesta llevaba ya seis días y parecía no tener fin, finalmente, el Gobierno, anunció que abrogaría la ley 1386, algo que no ha desactivado las protestas por lo que se espera una nueva semana de conflictos en el país.

A continuación te mostramos un reporte especial sobre la polémica que se tiene en torno a la abrogación de esta norma.

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