El presidente de la Comisión de Constitución, Renán Cabezas, diputado del MAS, descartó que el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias Ilícitas convierta a la Unidad de Investigaciones Financiera (UIF)  en una organización con poderes que atente contra los derechos fundamentales de las personas, siendo esta "una interpretación no correcta" y "oscura" por parte de la oposición.

"No vulnera la CPE, ni convenios internacionales, además que pasará a la cámara revisora (...) no persigue transportistas, tampoco comerciantes ni ningún otro sector, la libertad de expresión está garantizada, no podríamos vulnerar la CPE", dijo en entrevista con Unitel.

Sobre la norma que establece que la Fiscalía podrá acceder a la documentación de cualquier persona, incluso sin notificar al titular de la investigación, menciona que no se abrirá un proceso sin ningún motivo y que "tiene que haber algo sospechoso, como que  su cuenta personal suba de un día para otro sin ninguna explicación" y que en ese sentido, "la Fiscalía investigará".

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"En su artículo 15 señala que la información obtenida por la UIF solo será usada bajo investigación de ganancias ilícitas y que ningún funcionario puede divulgar o manipular la información", indicó en entrevista con La Revista de Unitel.

Al respecto, el diputado Carlos Alarcón (CC), calificó que este proyecto de ley es "una bomba atómica" para las actividades civiles y comerciales pues establece que la UIF, que "actúa políticamente" al ser "empleado del Gobierno", tendrá poderes sancionatorios de naturaleza administrativa aplicados con multas en contra del ciudadano que sea juzgado, la pérdida temporal de la actividad que realice y la clausura o cancelación del registro.

Según Alarcón, los sujetos sometidos a estas sanciones son los que realizan actividades financieras hoteleras, de construcción, transporte aéreo, actividades educativas o de fundaciones, ONG, etc. y se establece que están obligados a reportar cualquier operación que se considere puede ser sospechosa de lavado de dinero sin límite de monto y que "no es como cuando se va a los bancos y se llena un formulario a partir de los $us 10.000, en este caso puede ser cualquier monto si se considera sospechosa", puntualizó.


Pronunciamiento de la ANP

El artículo 11 del proyecto fue observado por la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), que cuestiona se plantee el levantamiento del secreto de fuente, lo que atenta contra la tarea libre de los medios de comunicación y una vulneración a la Carta Magna y la Ley de Imprenta.

“Llamamos a los legisladores a incluir la excepción, citando de manera explícita el reconocimiento a la Ley de Imprenta y la Constitución, y a valorar el mismo efecto negativo sobre otros sectores profesionales de Bolivia”, dice parte del comunicado.

Al respecto, Cabezas dijo que "es una interpretación errónea" y que la norma "no vulnera el derecho a la libre expresión. Ningún boliviano está impedido de expresar sus ideas".




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