El Ministerio de Justicia ya trabaja en los protocolos para aplicar la “justicia restaurativa” en casos de corrupción. Esto, tras haber sido aprobada por senadores y diputados el proyecto de ley 179 de Protección a las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación niño, niña o adolescente. Las denuncias sobre el desfalco del Fondo Indígena serán las primeras en las que se empleará este procedimiento.



En conferencia de prensa el viernes, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que con la aprobación de la Ley 179/2021 en las dos cámaras legislativas del Estado, se le otorga a la cartera que tiene a su cargo la potestad de aplicar la justicia restaurativa en casos de corrupción.

“Le están dando al Ministerio de Justica con esta ley, la posibilidad de aplicar programas de justicia restaurativa en materia de corrupción. El caso emblemático de aplicar la justicia restaurativa es el Fondo Indígena”, anunció Lima.

La declaración de Lima se explica porque en la segunda disposición adicional del proyecto de ley mencionado, estipula lo siguiente:

En el marco de la Ley N° 1390, de 27 de agosto de 2021, de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la publicación de la presente Ley, elaborará el "Programa de Justicia Restaurativa para Casos de Corrupción" y aprobará su correspondiente protocolo de actuación.

Lima dijo con la “justicia restaurativa”, a las personas, dirigentes o empresas que han generado un daño y lo han reparado ya “no tiene sentido seguirles un proceso penal”

“Ese es el sentido de la justicia restaurativa y como ministerio vamos a aplicar ese programa en este caso (Fondo Indígena) y esperamos en las próximas semanas esperamos dar una solución definitiva (…) aplicando este programa de justicia restaurativa que la ley nos permite implementar”, dijo Lima.

La autoridad agregó que será necesario evaluar cada una de las denuncias del Fondo Indígena para definir en qué casos se la aplicará.

“Cada proyecto o ha sido terminado, ha sido parcialmente entregado o no se ha realizado. Habrá necesidad de activar la vía penal para los que no se ha realizado y en los que ha habido defraudación de fondos públicos”, señaló.

De acuerdo a una investigación realizada por Unidad Nacional, en el caso del Fondo Indígena hubo un desfalco de 1.200 millones de bolivianos en "proyectos fantasmas", irregulares o con observaciones. 

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