La madrugada del 13 de marzo de 2021, la expresidenta Jeanine Añez fue detenida en Trinidad, acusada inicialmente por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración en lo que después fue conocido como el caso "Golpe I". Fue enviada a la cárcel con cuatro meses de detención preventiva.

Meses después se conoció que el Ministerio Público dividió el caso en dos investigaciones por tipos penales diferentes. En el caso denominado "Golpe II" se acusa a Añez, en su calidad de senadora, y a exjefes militares por presuntas resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes.

Según la parte denunciante, Añez asumió la Presidencia del país de manera irregular y en confabulación de militares y policías. Y se centran en los hechos ocurrido desde el 10 y 12 de noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales y denuncias de indicios de fraude electoral.

En este caso, los denunciantes son el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público.

El inicio del juicio oral por el caso “Golpe II” estaba fijado para febrero, pero comenzó el 28 de marzo luego de haberse suspendido pues un juez admitió fallas procedimentales como ausencia de formas de jueces, el incumplimiento de plazos y otros.

En este caso se incluye al exjefe del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce, los excomandantes Pastor Mendieta, del Ejército, Gonzalo Terceros de la Fuerza Aérea Boliviana, Palmiro Jarjury de la Armada, excomandante de la Policía Yuri Calderón y el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, éstos dos últimos están prófugos.

En febrero, Terceros y Jarjuy se declararon culpables de los delitos de resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes. La Fiscalía pidió tres años de cárcel para los exmilitares.

Las familias de ambos explicaron, en una carta, que aceptaron el proceso abreviado debido a que están convencidos de que “la lucha es absolutamente desigual e infructuosa”.

En este caso se acusó a los policías y militares de haber colaborado en el traslado y seguridad de Añez.

Este viernes, Añez hizo su recuento de lo que pasó tras las fallidas Elecciones de 2019 en donde se dio la renuncia de Evo Morales y su posterior salida del país rumbo a México en medio de una crisis.

"Bolivia sabe que soy una consecuencia de lo que pasó en 2019", dijo.

En tanto, la hija de Añez, Carolina Ribera, señaló hace un par de días que "en primer lugar, sabemos que este juicio es ilegal de principio al fin. Mi madre nunca se autoproclamó, la están juzgando de manera arbitraria de los días 10, 11 y 12 de noviembre, pero no dicen que para llegar a eso hubo un antecedente, no dicen que Evo Morales huyó, que hubo vacío de poder".

En tanto, la Fiscalía solicitó que se aplique una pena de 15 años en contra de la exmandataria que calificó este proceso de político y acusó a la justicia de estar manipulada y al servicio del partido de Gobierno.

Sobre las víctimas del caso

En febrero, el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, señaló que las víctimas de Senkata y Sacaba no son querellantes en los procesos de “Golpe I” y “Golpe II”. Identificó cuatro víctimas: Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda.

“En estos dos elefantes (juicios) es el pueblo que aparece pisoteado. Nosotros como víctimas no somos parte, solo nos usan como bandera, pero nosotros impulsamos el proceso Senkata y Sacaba con los delitos que corresponde”, señaló Inca a un portal en La Paz.

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