El transporte pesado mantiene su estado de emergencia y protestas contra la Ley 1386 pues considera que el Gobierno propicia escenarios de desconfianza e incertidumbre. Destacaron que las protestas no tienen intención de desestabilizar a la gestión de Luis Arce.

De acuerdo al presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado, Alfredo Borja, su sector mantendrá el estado de emergencia hasta que la Ley 1386 sea abrogada en la Asamblea Legislativa. 

“El Gobierno propicia escenarios de desconfianza e incertidumbre y en esto colaboran sus parlamentarios oficialistas que salen a decir que tiene que realizar el tratamiento y discusión, una vez abrogada la ley nosotros volvemos a nuestras actividades”, sostuvo el dirigente. 

Borja, espera que la Asamblea Legislativa abrogue en el menor tiempo posible la normativa observada, sin embargo, aseguró que las medidas de presión van a continuar hasta tener el documento oficial de la promulgación. 

“Estos hechos que se dieron el Gobierno lo hace a presión nuestra, nuestra resolución es mantener nuestras movilizaciones pero no estamos en la plenitud de la confianza queremos una abrogación pronta”, dijo el dirigente.

Tras la abrogación de la Ley 1386, el sector del transporte pesado evaluará otras leyes que estarían observadas por los sectores sociales que se encuentran movilizados. 

El dirigente citó algunas normas que estarían afectando los intereses de los sectores sociales. 

“El sector multisectorial está declarado en emergencia respecto a un par de leyes, estamos observando algunas leyes que afectan a los sectores, a nuestra propiedad privada y demás”, dijo. 




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