El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz cumplió este miércoles en audiencia virtual la lectura de la sentencia del denominado caso Golpe II que dictó el pasado 10 de junio.

Las partes, con el detalle del proceso en que se sustentó el fallo, preparan las apelaciones, que pueden presentarse en los siguientes 15 días.

La sentencia ratificó la decisión del Tribunal de condenar a 10 años de prisión a la expresidenta del Estado, Jeanine Áñez, al excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y al excomandante de la policía Vladimir Calderón.

La Fiscalía General del Estado anunció que apelará la sentencia en busca de que se acepte su pedido de sancionar a la exmandataria con 15 años de privación de libertad. Mientras que la defensa de Añez también apelará exigiendo la absolución.

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La justificación de la sentencia

La sentencia señala en su detalle que Añez en su condición de segunda vicepresidenta de la Cámara Alta quebrantó tres artículos del reglamento del Senado para proclamarse titular de ese cuerpo legislativo sin el quórum requerido.

Además argumenta que vulneró otros tres artículos del reglamento de Diputados al instalar una sesión de la Asamblea Legislativa y, finalmente, violó nueve preceptos de la Constitución para proclamarse como presidenta del Estado.

La lectura se inició minutos después de las 15.30 y concluyó a las 21.15.


Cuestionamientos a la independencia

La condena a 10 años de cárcel para la expresidenta interina Jeanine Áñez provocó cuestionamientos sobre la independencia de la justicia en Bolivia, señalada de estar bajo control del poder político.

"Las señales de posible intervención del poder político en este proceso judicial preocupan a la comunidad internacional", tuiteó el relator especial de la ONU sobre independencia de los magistrados, Diego García-Sayán.
Para el constitucionalista boliviano William Bascopé, "la actual condición de la justicia boliviana es la más paupérrima y decadente en toda la historia de la fundación del país".

Bascopé afirmó que en Bolivia "nunca" se había atravesado "una situación tan vergonzosa en decadencia institucional y de valores y principios en la institución judicial".

Es "muy evidente el servilismo" de la Fiscalía y el Poder Judicial de Bolivia al gobierno, afirmó.

El constitucionalista indicó que se necesita una reforma que termine con el sistema actual, en que para ser designado juez por el Consejo de la Magistratura, el postulante debe mostrar simpatías al gobierno de turno.

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“Debilidades estructurales"

"El sistema judicial boliviano sufre de injerencia política desde hace años. Los gobiernos se han aprovechado de su falta de independencia y debilidades estructurales", afirmó por su lado César Muñoz, investigador senior de la organización Human Rights Watch (HRW), en su cuenta de Twitter.

El fiscal general, Juan Lanchipa, defendió el papel del Ministerio Público y dijo que se acreditó la ruptura de la sucesión constitucional en noviembre de 2019 “al demostrar judicialmente que hubo un quebrantamiento a la Constitución Política del Estado”.


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