La Defensoría del Pueblo cuestionó este viernes que la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Pando haya suspendido de sus funciones por dos meses a la gobernadora de ese departamento, Paola Terrazas Justiniano, quien fue afectada por el COVID-19.

“La resolución de suspensión, además de no ser puesta a conocimiento de la afectada, tampoco fue pegada en la tablilla de notificaciones de la instancia legislativa ni fue remitida al domicilio de la autoridad departamental, por lo que dicha determinación no tiene efectos jurídicos ni validez alguna hasta que sea legalmente notificada”, señala el pronunciamiento de la institución defensora de Derechos Humanos.

El jueves la Asamblea Legislativa Departamental de Pando decidió suspender a Paola Terrazas Justiniano como gobernadora pese a que se encuentra con baja médica hasta el 9 de febrero, pues fue traslada a Brasil para recibir atención médica al presentar complicaciones para respirar.

En el documento, la Defensoría del Pueblo “denuncia acoso político en contra de esa autoridad, quien fue suspendida del cargo por 60 días bajo el argumento de que no habría solicitado permiso para realizar un tratamiento médico en Brasil tras ser afectada por la COVID-19, desconociendo que existe una baja médica vigente hasta el 9 de febrero”.

Cuestionó que la ALD haya convocado de manera sorpresiva a la sesión virtual y presencial el jueves 4 de febrero para tratar la solicitud presentada por el asambleísta Osmar Aradiez para suspender a la Gobernadora y que luego cerrara sus puertas para el público y para instituciones de protección de derechos humanos.

“En la sesión virtual por la plataforma Zoom no se observó con claridad la votación, misma que habría alcanzado, supuestamente, más de los dos tercios de los asistentes en favor de la suspensión de Terrazas Justiniano”, cuestionó la Defensoría del Pueblo.

El Artículo 53 del Estatuto Autonómico de Pando establece que, ante la ausencia temporal del Gobernador, el siguiente asambleísta que asume el cargo lo hace de forma temporal y solo hasta que la causal de imposibilidad de ejercicio del cargo desaparezca.

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