El Ministerio Público inició una investigación en contra de actores políticos -incluidos Luis Fernando Camacho- y exautoridades militares y policiales por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales que, desde el Gobierno, apuntan a que fue un golpe de Estado que se dio en medio de una movilización ciudadana que tuvo una subversión de las principales fuerzas de seguridad del país.

Emilio Rodas, viceministro de Régimen Interior, aclaró que lo que se busca es establecer la verdad histórica de los hechos ocurridos entre el 23 de octubre y el 12 de noviembre, el periodo más neurálgico después de las elecciones fallidas que, de acuerdo a un informe de la Organización de Estados Americanos, presentó irregularidades en el proceso que fueron denunciadas por la oposición como un fraude electoral.
 
Sobre la denuncia que fue planteada por la exparlamentaria Lidia Patty en contra de Camacho, su padre, José Luis Camacho Parada, y los exaltos mandos militares Carlos Orellana Centellas, Gustavo Arce San Martín y Willams Kaliman y el excomandante de la Policía, Vladimir Yuri Calderón, el viceministro Rodas descartó que se trate de una persecución política y que más se basa en esclarece qué pasó para que se produzca una rotura al interior de la Policía y las Fuerzas Armadas.

"Queremos saber quiénes fueron los nexos que vincularon a las instancias policiales con los actores externos y qué tipo de intereses articularon la movilización final a partir del 8 de noviembre, eso lo esclarecerán las investigaciones y que no debe quedar en el olvido, deben esclarecerse los hechos", apuntó. 

Con esto, dejó por sentado que no se está juzgando las movilizaciones de 2019, "lo que se investiga es lo que ocurrió del 23 de octubre al 12 de noviembre en donde hubo un sector de la Policía que se ha levantado contra el orden constitucional y unas FFAA que le han pedido la renuncia al presidente; han habido actores políticos que han desconocido el orden establecido y han incitado a la subversión, no se está juzgando a la gente por los 21 días de paro o por haber colocado banderas o pititas en las esquinas, eso está al margen de la investigación porque era en su momento un derecho ciudadano dentro de la libre expresión".

La autoridad recalcó que la investigación está abierta sobre los hechos, no sobre listas de presuntos implicados y que se verá durante el proceso el esclarecimiento de este caso en el que seguramente se irán arrojando nombres, relaciones y vínculos para ir estableciendo responsabilidades individuales.

Además, precisó que la Fiscalía está en la obligación de llevar adelante la investigación porque se produjo un hecho que alteró el orden democrático en 2019

"Lo que ocurrió a partir del levantamiento policial, del pedido de las FFAA (de renuncia al presidente), esos hechos son los que fueron incitados por algunos sectores que tienen que explicar de cómo lograron ese tipo de manifestación dentro de la Policía y dentro del Ejército.



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