El documento fue presentado el martes y entregado al Gobierno nacional. Establece varias recomendaciones cuyo cumplimiento seguirá de cerca la CIDH. A continuación te dejamos 5 cosas que debes saber del informe del GIEI-Bolivia sobre la crisis política de 2019

1. ¿Qué es el GIEI- Bolivia?

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creado por encargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la crisis política en Bolivia durante el periodo del 1 de septiembre y al 31 de diciembre.

Los expertos llegaron a Bolivia, recogieron testimonios de víctimas, se reunieron con testigos, autoridades, organizaciones de la sociedad civil. Se recurrió a múltiples fuentes de investigación y con apoyo de especialistas se realizaron peritajes y análisis a exámenes forenses.


2. Conclusiones de la investigación

El GIEI concluyó que en el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia. Este periodo comprende los últimos días del Gobierno de Evo Morales y los primeros de la Presidencia interina de Jeanine Añez.

El informe logró documentar que 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas.

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En el informe investigó en detalle los hechos violentos en: Montero (Santa Cruz), Cochabamba, La Paz, El Alto, el ataque a las caravanas del sur en la carretera Oruro- Potosí, Vila Vila, Caracollo y Challapata; las operaciones en Betanzos, Yapacaní. Finalmente investigó los hechos luctuosos en Sacaba y Senkata, calificados por el GIEI como masacres.

El informe señala que “lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas.

3. Crisis de la justicia

El GIEI analizó ampliamente la crisis del sistema judicial, concluyendo que persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia. La observación del funcionamiento del sistema de justicia permitió notar que magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos.

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El GIEI destacó que “la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas no son coyunturales a la crisis electoral de 2019. El GIEI revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad.

4. El informe no debe ser usado como “instrumento” de persecución

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia) señaló como la conclusión final de su informe sobre la crisis política de 2019 que este documento no debe ser usado para “perseguir” a alguna persona por razones políticas o de otra índole.

“De ningún modo, el presente informe debe ser utilizado para perseguir a cualquier persona por razones políticas u otra motivación indebida”, señala el documento en el punto 11 de sus conclusiones para dar paso a sus recomendaciones.

En este mismo punto el GIEI señala que “el trabajo que realizó no equivale a una investigación penal” y que la misma se debe realizar con base a las recomendaciones planteadas y por las autoridades competentes.

5. No se evaluó si es “golpe” o “fraude”

Patricia Tapattá, como parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia), informó que dentro de las investigaciones que realizaron en el país no se ingresó a determinar si el conflicto en Bolivia fue provocado por un “fraude electoral” o un “golpe de Estado”.

El GIEI no ingresó en dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral constituyeron fraude o golpe de Estado”, explicó Tapattá minutos antes de presentar el informe final ante el presidente del Estado, Luis Arce.

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