La exalcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, presentó un memorial ante la Fiscalía para responder por la denuncia en su contra planteada por la Alcaldía cruceña que es administrada actualmente por Jhonny Fernández.

Sosa afirma en el memorial que se enteró a través de los medios de comunicación de la querella por lo que decidió presentarse de forma voluntaria para responder por la denuncia en la que se le sindica los cargos de: uso indebido de influencias, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, falsedad material y falsedad ideológica.

En el informe que dieron la pasada semana Mario Centellas, Secretario de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Santa Cruz, Adriana Pedraza, responsable de Transparencia del municipio y Alcides Arana, director de Recursos Humanos, se indicó que Sosa tendría responsabilidad en la aprobación de contratos supuestamente ilegales. La denuncia fue presentada el pasado 28 de mayo.

La exalcaldesa calificó esta denuncia como “injusta y temeraria” por lo que se ha puesto a disposición del Ministerio Público para que se realice la investigación.

“En consecuencia de conformidad al artículo 223 del Código de Procedimiento Penal me presento en forma espontánea ante su autoridad, solicitándole se reciba mi declaración informativa y se tenga presente mi predisposición para someterme a cualquier clase de investigación, así como para mantener incólume mi derecho a la libertad irrestricta de locomoción”, señala Sosa en la declaración presentada a través de un memorial ante la Fiscalía y a la que tuvo acceso Unitel.

Sosa asegura además en su declaración que no ha cometido ningún delito y que estas acusaciones le están afectando de varias maneras.

“Me anticipo a en manifestar a su autoridad que jamás he cometido delito alguno, menos los que con mucha ligereza y sin fundamento me endilgan y que están manchando mi dignidad, honra y honor, además me están causando grandes y graves daños psicológicos, morales, familiares, sociales, económicos”, asegura la exalcaldesa.

La denuncia

Según señala la denuncia presentada ante la Fiscalía fueron 1.205 personas que fueron contratadas entre los meses de enero a marzo de 2021 lo que derivó en el pago de más de 25 millones de bolivianos.

En el informe de las actuales autoridades municipales se explicó que los funcionarios contratados no tenían una función específica y que no hay registros de que este personal hubiera marcado el ingreso y salida a su fuente laboral.

A esto se suma que 530 personas con contratos no cumplen los requisitos para obtener ítem ya que no tienen firmas, no tienen libreta de servicio militar, cambiaron la hoja de contrato entre otros.


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