Jhonny Fernández, antes de viajar a Estados Unidos, envió una carta al presidente del Concejo Municipal, Israel Alcócer para pronunciarse sobre la Ley de Contratos y Convenios municipales. 

En la carta Fernández asegura que, de acuerdo a un informe legal, la normativa "comprometerá" función fiscalizadora del Concejo al ser "coautor" de los procesos que debe fiscalizar. 

"Téngase presente que el acto de aprobación previa a la ejecución de contratos o convenios acarrea la responsabilidad del Concejo Municipal en la suscripción y contenido del acto que aprueba. Al ser co-partícipe en el acto jurídico aprobado, el Concejo Municipal se crea a sí mismo un conflicto de intereses que compromete su potestad fiscalizadora, virtualmente anulándola al despojarse de su independencia institucional al tener que fiscalizar, en buena cuenta, sus propios actos merced a su aprobación", se detalla en el documento.

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En el 2021 el concejo municipal aprobó una modificación a la ley de contratos y convenios para que todos los que impliquen más de Bs 1 millón pasen a aprobación del Concejo Municipal. 

Sin embargo, en septiembre de ese mismo año se planteó que pasen al concejo los contratos equivalente a Bs 30 millones. Ocho meses después la norma aún no entró en vigencia. Los concejales de oposición cuestionan "la dilatación de la promulgación". 

Ante los cuestionamientos, el anterior mes, el presidente del Concejo, elegido por el mismo partido del alcalde, se comprometió a promulgar la norma la semana siguiente de su retorno del viaje de Colombia, donde fue en la primera semana de abril de este año.  

Por su parte, Fernández en la carta justifica que con la  ley de contratos hay un "conflicto de intereses" que violenta el artículo 12 de la Constitución Política del Estado (CPE) que se refiere a la separación de poderes, por lo que según Fernández, el concejo "al ser fiscalizador no puede ser "co-autor" de los actos que se controlan". 

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En la misiva Fernández menciona que el ejecutivo ya tiene instancias de fiscalización, entre las que menciona la Unidad de Auditoría Interna y la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

La carta tiene fecha de envío el 28 de abril y la recepción figura en mayo, aunque la fecha no es legible. Finalmente Fernández, pide que este pronunciamiento documentado sea tratado en plenario del Concejo y se proceda conforme a los procedimientos jurídicos vigentes.

Hace más de una semana, Fernández viajó al exterior y desde entonces asumió como alcaldesa Gabriela Garzón. 

En respuesta, el concejal de Comunidad Autonómica (C-A), Marcelo Vidaurre  enfatizó que la ley de contratos no compromete la función fiscalizadora del Concejo, pues este ente solo toma conocimiento previo a la firma. "El Concejo no interfiere en la negociación o en el fondo del contrato. Únicamente fiscaliza que se lleve conforme a norma; es decir,  que lo ofertado este dentro de lo convenido y en norma. Lo que pretende (el alcalde) torciendo las cosas es evitar la fiscalización", dijo. 

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