El 24 de mayo, Arturo Murillo fue presentado ante un tribunal de Miami (Florida), que dictó su detención y se fijó audiencia preliminar para el 26 de mayo. Dos días después el exministro estuvo representado por un abogado y se acordó celebrar la audiencia de detención el 7 de junio, la cual no se llevó a cabo y quedó suspendida para julio.

Murillo tenía derecho a una audiencia dentro de los 14 días después su detención, pero se decidió extender el plazo por la complejidad del caso.

Hasta el 9 de julio, tanto la defensa como la fiscalía deben revisar el caso y ambas partes han expresado “su deseo de discutir una posible resolución del mismo”, según el documento judicial que firmó Murillo para aplazar su audiencia.

Con ello, Murillo renuncia a cualquier objeción bajo la ley del juicio rápido y acepta permanecer detenido por este tiempo.

Murillo fue detenido en Estados Unidos a finales de mayo, luego de que su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, fuera acusado de recibir sobornos de parte de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, propiedad del cochabambino Bryan Berkman, que ofició de intermediaria en la compra de gases lacrimógeno a la empresa brasileña Cóndor.

La justicia estadounidense intervino en el caso porque el supuesto soborno se realizó en su territorio y se utilizó el sistema bancario de ese país para realizar las transacciones. Además de Murillo y Méndez, fueron acusados y arrestados Bryan Berkman y su padre Luis, que es amigo personal de Murillo, además Philip Lichtenfeld, cochabambino con ciudadanía estadounidense.

Bryan y Luis Berkman podrán defenderse en libertad tras abonar entre ambos $us 850.000 en fianzas. Méndez y Lichtenfeld no obtuvieron este beneficio y Murillo aplazó su audiencia hasta el 9 de julio. 

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