Unitel accedió a la declaración jurada del agente especial de investigaciones de Seguridad Nacional de Estado Unidos que estuvo a cargo de la investigación centrada en Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno en la gestión de Arturo Murillo.

La declaración identificó 50 puntos que sostienen la acusación contra Mendizábal que confirman que hubo al menos dos sobornos para beneficiar a una empresa particular que sirvió de intermediario para la compra de gases lacrimógenos y otro material no letal en la gestión de Jeanine Añez.

En el punto 20 de la investigación titulado: la descripción del esquema de lavado de dinero, el agente señala:

“Tal cómo se describe en mayor detalle abajo, Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld pagaron sobornos por al menos $us 582.000 a Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal, un oficial (funcionario) del Ministerio de Gobierno de Bolivia y al menos $us 20.000 al co-consipirador 2, un oficial (funcionario) del Ministerio de Defensa de Bolivia a cambio de utilizar sus posiciones oficiales para asistir a la empresa intermediaria”, señala.

Para lavar el dinero, los funcionarios realizaron transferencias desde una cuenta bancaria del Banco Central de Bolivia a cuentas bancarias pertenecientes a la empresa intermediaria ubicada en los Estados Unidos y luego enviaron el dinero a otra cuenta controlada por Philip Lichtenfeld, esta vez ubicada en Bolivia.

Las claves del caso

-Méndez y otro “funcionario jerárquico” del Ministerio de Gobierno junto con otro asociado al lavado de dinero del Ministerio de Defensa ayudaron a una empresa con sede en Florida a obtener un contrato por 5.6 millones de dólares para proveer gas lacrimógeno y pertrechos no letales al Gobierno de Jeanine Añez.

-El presunto dueño de la empresa era Bryan Berkman, fue quien compró el gas lacrimógeno en Brasil por 3.3 millones de dólares y luego entregar el material por 5.6 millones de dólares. Parte de las ganancias se utilizaron para coordinar pagos de sobornos a Méndez y su socio en el Ministerio de Defensa. Una parte de los fondos debía salir de una entrega de 700.000 dólares en efectivo a Bolivia.

-Berkman es el director general de Bravo Tactical Solutions, con sede en Taramac, según el registro de empresas de Florida. Su padre, Luis Berkman, también arrestado y acusado, regenta otra empresa con sede en Taramac llamada International Defense Group.

-Berkman padre fue arrestado por tráfico de armas en 2001, acusado de encabezar una banda criminal que trató de introducir armas militares de asalto de contrabando en Paraguay. Se lo declaró prófugo en 2013 sin que hubiera veredicto de culpabilidad, de acuerdo con un documento judicial boliviano.

-El cuarto acusado, Philip Lichtenfeld, es oriundo de Cochabamba, Bolivia, como los Berkman. Estaba viviendo en Buenos Aires, Argentina, antes de entregarse a las autoridades estadounidenses.

-Según las pruebas recabadas de mensajes de texto, correos electrónicos y archivos bancarios revelan que uno de los asociados le pidió a Méndez que escribiera una carta al fabricante brasileño de gas lacrimógeno para insistir que el gobierno boliviano sólo compraría los productos a través de la empresa de Berkman.

-El daño económico al Estado de Bolivia fue de 2.3 millones de dólares.


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