El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó este lunes los resultados del análisis que realizaron a los informes de la investigación del caso gases lacrimógenos realizada en los EEUU, cuyo principal implicado es Arturo Murillo.

Según esta investigación una gran parte de los $us 2,3 millones de sobreprecio en la compra del material antimotines fue invertido en un proyecto y en una empresa inmobiliaria en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, respectivamente.

"Ya tenemos identificado dónde se encuentra el dinero de la corrupción, gran parte de estos recursos provenientes de la corrupción han sido invertidos en una construcción aquí en el departamento de Santa Cruz (...) así también estamos manifestando que gran parte de los recursos se encontrarían en una inmobiliaria", informó en una conferencia de prensa.

El destino del dinero fue rastreado a través de informes del Departamento de Investigaciones de Estados Unidos (EEUU), contrastada con los reportes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Recordó que el Estado boliviano firmó un contrato con Bravo Tactical Solutions por $us 5,6 millones, monto que, según la investigación, un alto funcionario del Ministerio de Defensa intentó cancelar a través del Banco Central de Bolivia (BCB) con un giro de aproximadamente $us 5.649.137.

“Casualmente esa misma fecha, el señor Arturo Murillo se encontraba en Estados Unidos, donde se reunió con Bryan Berkman. Más tarde, ese mismo día, Murillo abre una cuenta en un banco de EEUU y retorna a Bolivia”, detalló.

Explicó también que el Banco JP Morgan Chase Bank rechazó el pago por generar sospechas. Observó que la cuenta de BTS había sido abierta tres días antes de la millonaria transacción, por lo que no se ejecutó dicha operación.

Por tal motivo, el funcionario trató una vez más de realizar el pago, logrando su cometido y haciendo un pago de $us 3,9 millones a la empresa BTS, posteriormente transfirió el saldo restante de $us 1,7 millones, haciendo un total de $us 5,6 millones, de los cuales $us 3,3 millones fueron a la empresa Cóndor en Brasil, y el restante $us 2,3 millones sería el monto de sobornos y lavado de dinero del clan que fueron en cuatro depósitos.

Recordó que el Ministerio de Gobierno abrió alrededor de 30 procesos judiciales por daño económico de más de Bs 150 millones de bolivianos.

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