Sergio Méndez, exjefe de Gabinete del exministro de Arturo Murillo y los empresarios Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld se declararon culpables ante un tribunal de Estados Unidos por el caso de soborno y lavado de dinero relacionado a la compra de gases lacrimógenos que fueron adquiridos durante el Gobierno transitorio de Bolivia el 2019.

La información fue brindada este martes por el procurador del Estado, Wilfredo Chávez en conferencia de prensa.

Méndez y los tres empresarios estadounidenses fueron arrestados el 21 y 22 de mayo, en Florida y Georgia (EEUU). Ahora esperan la sentencia que les dará la justicia norteamericana entre octubre y noviembre próximos.

Por este caso solo queda pendiente de proceso el exministro de Gobierno, Arturo Murillo que el 8 octubre volverá a ser puesto frente a un juez. Hasta mientras permanece detenido en una cárcel de Miami.

"Estas cuatro personas ya se consideran para la justicia norteamericana culpables por los delitos que han sido imputados en su momento", señaló Chávez.

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EL CASO GASES LACRIMÓGENOS

Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld pagaron sobornos por al menos $us 582.000 a Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal y a Arturo Murillo y al menos $us 20.000 al co-consipirador 2, un funcionario del Ministerio de Defensa de Bolivia (aún no identificado) a cambio de utilizar sus cargos para ayudar al intermediario.

Para lavar el dinero, los funcionarios realizaron transferencias desde una cuenta bancaria del Banco Central de Bolivia a cuentas bancarias pertenecientes a la empresa intermediaria ubicada en los Estados Unidos y luego enviaron el dinero a otra cuenta controlada por Philip Lichtenfeld, esta vez ubicada en Bolivia.

Méndez y Murillo junto con otro asociado del Ministerio de Defensa ayudaron a una empresa con sede en Florida a obtener un contrato por 5.6 millones de dólares para proveer gas lacrimógeno y pertrechos no letales al Gobierno de Jeanine Añez.

El presunto dueño de la empresa era Bryan Berkman, fue quien compró el gas lacrimógeno en Brasil por 3.3 millones de dólares y luego entregó el material por 5.6 millones de dólares. Parte de las ganancias se utilizaron para coordinar pagos de sobornos a Méndez y su socio en el Ministerio de Defensa. Una parte de los fondos debía salir de una entrega de 700.000 dólares en efectivo a Bolivia.

Según las pruebas recabadas de mensajes de texto, correos electrónicos y archivos bancarios revelan que uno de los asociados le pidió a Méndez que escribiera una carta al fabricante brasileño de gas lacrimógeno para insistir que el gobierno boliviano sólo compraría los productos a través de la empresa de Berkman.

El daño económico al Estado de Bolivia fue de 2.3 millones de dólares.




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