El exdirector de Migración, Marcel Rivas, fue aprehendido por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes como parte de la investigación que inició el Ministerio Público en el caso gases lacrimógenos, abierto a los exministros de Estado Arturo Murillo y Fernando López.

El abogado Carlos Brito, que representa a Rivas, informó que se ha presentado una acción de libertad basándose en el hecho de que se actuó de manera ilegal con su aprehensión por lo que se está a la espera de una audiencia para que la exautoridad pueda defenderse libremente.

Brito puntualiza que el 17 de noviembre se presentó un memorial haciendo conocer la ubicación de su domicilio, datos personales y generales para que se le notifique, recurso en el que se adjuntó la documentación correspondiente, sin embargo, "extrañamente sin que se nos responda" la Fiscalía emitió la orden de aprehensión bajo el argumento de que desconocían el lugar en el que vivía y de que el señor Rivas "pueda obstaculizar la averiguación de la verdad, cuando ellos tenían en su despacho la documentación que hemos adjuntado".

Dijo que estos son elementos que demuestran la vulneración de sus derechos pues lo que correspondía es que se le notifique previamente para que él preste su declaración informativa, que es lo que dice la norma cuando se hace una investigación correcta, "algo que no ha ocurrido".

La Fiscalía, por su parte, informó que el documento de renuncia presentado por Rivas al cargo de director de Migración, tenía duplicado el número CITE por lo que hubo una intención de hacer aparentar que su salida se dio antes de conocerse la alerta migratoria que fue emitida en contra de Murillo y López.

Sobre esta argumentación, la defensa de Rivas la desmerece y explica que hay un registro del documento con fecha 28 de octubre y que es presentada al Ministerio de Gobierno el 29 de octubre, esta renuncia es aceptada en fecha 4 de noviembre y "recién las órdenes de aprehensión contra los exministros salen el 5 de noviembre por lo que lo dicho por la Fiscalía "es una barbaridad para justificar esta detención ilegal".